El gobierno bonaerense oficializó en las últimas horas la guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en adhesión a la Ley Nacional 27.610 ya promulgada por el presidente, Alberto Fernández, y que comenzará a regir a partir de mañana.
El procedimiento, extendido a todas las personas gestantes hasta la semana 14 de gestación, estará cubierto en su totalidad por obras sociales y prepagas.
La IVE, accesible tanto en el sistema de salud público como privado, se podrá practicar durante el primer trimestre de gestación con un medicamento -el misoprostol, de los que la Provincia ya distribuyó el equivalente a 20.000 tratamientos- que se fabrica en la provincia de Santa Fe y que ya se utilizaba para la Interrupción Legal del Embarazo que existía hasta ahora.
“Todas las mujeres que a partir de ahora tengan la necesidad o sienten que tienen el derecho de tener un aborto dentro de los marcos que fija la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo van a poder hacer”, dijo días atrás el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, al presentar en La Plata el protocolo para la IVE. Una medida que fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 1/2021 publicada en el Boletín Oficial bonaerenses, con las firmas tanto de Gollan como de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.
En ese acto, el titular de la cartera sanitaria garantizó que “el sistema sanitario de la Provincia “va a dar respuesta a todas las mujeres que quieran realizar, dentro del marco que establece la ley, una interrupción voluntaria del embarazo”.
En tanto que Díaz destacó que el sistema público de salud “va a tener misoprostol para dar; también el programa de salud reproductiva compró, porque así como se entregan los insumos de métodos anticonceptivos, también se ha incorporado este medicamento, que se entrega para que llegue a todo el país”.
En cuanto a la mencionada guía de la IVE, un documento de más de 30 páginas, está dirigida a todo el personal de salud, como así también a funcionarios públicos, con el objetivo de “orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto”.
De acuerdo a la normativa, Gollan deberá designar a la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo el dictado de los actos administrativos reglamentarios y/o complementarios que fueran eventualmente necesarios.
La resolución también establece que ambos ministerios -el de Salud y el de las mujeres- coordinarán “campañas de sensibilización, promoción, acciones de formación, como así también la elaboración de mecanismos y herramientas de orientación comunitaria para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo”.
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