Un reto para la oposición, descabezada y exiliada

Sobre un pedestal de tres metros, un Pedro Joaquín Chamorro de piedra mira Managua a través de sus gafas, con la frente en alto. Hoy, tres de los hijos del periodista mártir de la dictadura somocista están presos o exiliados, como cientos de opositores nicaragüenses.

La mayoría huyó en medio de una ofensiva que encarceló desde junio a 39 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que buscaban unirse para enfrentar a Daniel Ortega, sin contrapesos en el poder.

De esos aspirantes la favorita era la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por el dictador Anastasio Somoza y cuya estatua inauguró en 2013 el gobierno de Ortega.

Cristiana está bajo arresto domiciliario y sus hermanos Pedro Joaquín preso y Carlos Fernando exiliado en Costa Rica. Ellos, como otros opositores, son acusados de “lavado de dinero”, de lesionar la soberanía del país o de “traición a la patria”, bajo leyes adoptadas hace unos meses por el gobierno. “Con políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y periodistas entre los detenidos, los grupos de oposición están en completo caos”, indican analistas.

La arremetida incluyó el allanamiento de viviendas, la cancelación de tres partidos políticos (Alianza Ciudadanos por la Libertad, CxL), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC) así como de organizaciones civiles, lo que inmovilizó y excluyó a la oposición de los comicios.

FRAGMENTADA Y DIVERSA

Para Ortega, que gobierna desde 2007, los opositores presos “no son políticos”, sino “criminales” que organizaban un golpe de Estado.

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Según una encuesta de Cid-Gallup -criticada por el gobierno-, el 65 por ciento de la población habría votado por un candidato opositor y un 19 por ciento por Ortega.

“La oposición está fragmentada por la escalada de represión. El gobierno prácticamente descabezó al liderazgo político del país”, aseguró la experta en temas de seguridad y gobernabilidad Elvira Cuadra.

El abanico opositor incluye a políticos de derecha, disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), estudiantes que lideraron las protestas contra el gobierno en 2018, familiares de más 300 nicaragüenses que murieron durante la represión ese año y de los presos, grupos feministas y parte del movimiento campesino.

Estaban organizados en los movimientos Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el bloque de la Coalición Nacional y la Alianza por la Justicia y la Democracia que se formó incluso con empresarios para dialogar con el gobierno en 2018.

Pero la formación de un bloque común fracasó por intrigas internas e intereses distintos, quedando como opción a los opositores participar en los comicios bajo las banderas del CxL, el PRD y el PC que ofrecieron representarlos.

Tras ser ilegalizadas esas tres agrupaciones, solo quedaron habilitados cinco candidatos presidenciales de partidos derechistas, desconocidos para la población y tildados de colaboracionistas con el oficialismo, ya que a veces votaron como aliados en el parlamento.

Según expertos, la oposición está dispersa y sin liderazgo, pero se está reagrupando, aunque muchos disidentes están fuera del país. La Comisión de Derechos Humanos (CIDH) informó que más de 100.000 nicaragüenses emigraron desde las protestas de 2018, muchos a Costa Rica, Miami y Madrid. (AFP)