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La ratificación por la provincia de Buenos Aires de la continuidad de las clases presenciales en las escuelas bonaerenses –ello ante las dudas y distintas versiones que circularon en las últimas horas, en las que llegó a asegurarse que esa modalidad había sido suspendida a raíz del crecimiento de contagios de coronavirus que se registra- no hizo sino convalidar la postura oficial de priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos, subordinándola a una “permanente evaluación del nivel del riesgo epidemiológico”.
La medida, asimismo, se ajusta al muy bajo nivel de contagios que viene demostrando la modalidad presencial en las aulas y, tal como lo señaló el comunicado del máximo organismo educativo provincial publicado ayer, surgió de un trabajo coordinado con todos los representantes de la comunidad educativa, que “permitió establecer un Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales”, en una situación “que permite minimizar los riesgos de transmisión del virus causante del coronavirus”.
Como antecedente podría mencionarse también que en Europa, en los Estados Unidos y en muchos otros países se adoptó la modalidad presencial, por el escaso número de contagios que se registra en las aulas, aunque también se ponderan las enormes ventajas que supone para los alumnos su concurrencia a las aulas.
Como bien se sabe, la modalidad digital ha servido y puede servir como mecanismo alternativo de emergencia, aunque las consecuencias negativas que tiene el cierre de las aulas –entre ellas, las desigualdades entre alumnos que tienen acceso a las redes y los otros que no disponen de ellas- desaconsejan que se prolongue en forma indefinida la ausencia física de los chicos a las escuelas.
El Observatorio Argentino por la Educación evaluó las consecuencias del Covid-19 en el ámbito educativo, en un informe en el que señaló que los estudiantes más perjudicados por el cierre de las aulas son quienes pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos y, en particular, las mujeres. Las conclusiones surgieron del informe “¿Cuáles son las consecuencias de la interrupción de clases presenciales?”.
A su vez, desde la Academia Nacional de Educación se advirtió a mediados del año pasado que la pérdida de presencialidad puede aparejar consecuencias negativas no solo para las actualidad sino para el futuro desarrollo de las sociedades en las que actúan”. Expresó, además, que son muy bajas las posibilidades de contagios si se toman las medidas de prevención adecuadas, una conclusión que en fecha reciente convalidaron la Asociación Argentina de Pediatría y otras instituciones médicas.
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Resulta inocultable que se han suscitado controversias y posturas enfrentadas en esta cuestión. Disidencias que, en realidad, responden a cuestiones ajenas a lo educativo y que poco tienen que ver con el problema de fondo. Lo que debiera estar fuera de toda discusión son las enormes pérdidas que significan para millones de chicos –y para el presente y futuro del país- su no concurrencia a las escuelas. En la medida en que existan garantías médicas que así lo determinen y respetándose los protocolos sanitarios, las escuelas de la Provincia tienen que seguir con las puertas abiertas y los alumnos deben tener contacto directo con sus compañeros y los docentes.
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