En medio del intenso cierre de listas que rodea al oficialismo, la decisión del ministro de Economía Martín Guzmán de utilizar unos U$S 4.350 millones para engrosar las reservas, que llegarían al país en agosto próximo en concepto de derechos especiales de giro (DEG) del FMI, podrían reavivar la tensión interna con el kirchnerismo que en mayo pasado había aprobado una declaración en el Senado que reclamaba utilizar esos recursos para atender la crisis devenida de la pandemia.

Ayer por la tarde Guzmán hizo público el voto a favor de la Argentina a la iniciativa del organismo que conduce Kristalina Georgieva destinada a complementar las reservas internacionales de los países miembros e impulsar la recuperación de la economía mundial golpeada por la emergencia sanitaria. “Hoy Argentina dice sí a la nueva asignación de DEG por 650 mil millones de dólares, una decisión multilateral positiva para el mundo y para nuestro país. Liderazgos globales positivos y un trabajo de diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible este logro”, expresó el titular del Palacio de Hacienda al tiempo que detalló que “la nueva asignación de DEG que el FMI está proponiendo a aprobación de sus miembros se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo. Así, Argentina recibirá el equivalente a U$S 4.350 millones, lo que permitirá fortalecer nuestra posición cambiaria”.

Luego el funcionario, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que en un siguiente paso “junto a otras naciones buscamos crear un mecanismo para redistribuir DEG de países que no los utilizarán hacia aquellos más necesitados de liquidez para lidiar con los desafíos de la pandemia y una recuperación sustentable”.

Esta última aclaración pareció evitar que surjan posibles críticas del kirchnerismo, que ya había cuestionado al ministro en su frustrado intento de eyectar del gabinete al secretario de Energía, el dirigente camporista Federico Basualdo.

Es que el pasado 13 de mayo el Senado aprobó un proyecto de declaración que solicita al timonel de Economía que los fondos de los citados derechos de giro del FMI no se destinaran al pago de deuda externa sino para financiar políticas públicas destinadas a resolver los problemas socioeconómicos derivados de la pandemia. La iniciativa había sido impulsada por el senador Oscar Parrilli, estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y buscaba enviar un mensaje al economista platense –a pesar que es un proyecto sin carácter vinculante- para que esos recursos se destinen a políticas sanitarias, de reducción de la pobreza y generación de empleo y “no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París”.

Cerca de Guzmán consideraron que la postura manifestada ayer no debería generar nuevos entredichos internos en el oficialismo ya que “los tiempos de campaña electoral” y la búsqueda de unidad “encarrilan” las relaciones “hasta nuevo aviso, como todo en política”.

En una jornada en la que el dólar paralelo escaló a $182, su valor más alto en el año, el mensaje público del funcionario también intentó calmar las expectativas del mercado al asegurar que esos 4.350 millones de dólares que llegarían en agosto se utilizarán para consolidar las reservas delCentral.