“Por ley se ha limitado el gobierno de las universidades y facultades a sus rectores o presidentes y a sus decanos”, publicó EL DIA apenas promulgada la ley 16.192 del 29 de julio de 1966 que, además, “prohibía” a las agrupaciones estudiantiles “incurrir en actividades políticas”. Una “transgresión” que podía ser penada “con la disolución de la entidad respectiva”. Además, se facultaba al ministerio de Educación “para ejercer las atribuciones que hasta ahora habían tenido los consejos superiores o directivos”. Y en un párrafo siguiente se detallaba que “los actuales rectores y presidentes desempeñarán el gobierno administrativo de las casas de estudio, quedando en manos del ministerio de Educación las atribuciones que correspondían a los consejos superiores o directivos”.
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