Cómo es el proyecto que busca regular la gestión de residuos especiales y envases

Hay estudios que indican que un litro de aceite vegetal usado que se arroja al medio ambiente llega a estropear hasta 1.000 litros de agua o que los envases vacíos de agroquímicos representan un serio problema de contaminación en vastas áreas. A esos productos se le suman aceites minerales usados, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo que contengan mercurio, cartuchos y toners cuyo descarte es una amenaza para el ambiente. Para poner freno a ese descontrol y regular la gestión integral de los residuos especiales y envases, el Poder Ejecutivo bonaerense envió a la Legislatura un proyecto de ley.

Según se indicó desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), “por primera vez se impulsan mejoras ambientales a partir de regular los ciclos de vida completos de los productos”.

La propuesta establece la “responsabilidad extendida del productor” en la gestión, tratamiento y disposición final de más de 7.000 toneladas diarias de residuos en la provincia de Buenos Aires.

De ser aprobada, la norma establecerá las responsabilidades de productores, envasadores, fabricantes, ensambladores, importadores y todo aquel que coloque por primera vez un producto en el mercado, al regular la gestión de los “Residuos Especiales de Generación Universal” (REGU), envases, embalajes y otros residuos reciclables, cuya generación provenga del consumo masivo.

Establecerá las responsabilidades de todo aquel que coloque un producto en el mercado

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En los REGU están incluidos aceites vegetales usados, aceites minerales usados, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo que contengan mercurio, cartuchos y toners, envases que contuvieron sustancias peligrosas.

También los envases vacíos de fitosanitarios, neumáticos fuera de uso (NFU), termómetros, eficnomanómetros, acumuladores de ácido plomo, pinturas y solventes, medicamentos, membranas asfálticas, vehículos fuera de uso (VFU) y productos durables de plásticos.

Desde el Gobierno se precisó que en la provincia se generan más de 7.000 toneladas diarias de residuos con estas características, por lo que se señaló que “la entrada en vigencia de esta ley significará un gran impulso a la economía circular, a la responsabilidad ambiental y también a la inclusión social”.

Es que en la propuesta parlamentaria se define a la actividad desarrollada por las cooperativas y asociaciones civiles de recuperadores y recuperadoras de residuos urbanos como “prestadoras de un servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente y la salud pública”.

Además de fijar las obligaciones de los productores en la gestión, tratamiento y disposición final de los residuos, el proyecto de ley prescribe el rotulado y/o etiquetado de los envases, embalajes y productos con indicaciones de los materiales con los que han sido confeccionados y su potencial de reúso y reciclado. A su vez promueve el ecodiseño.

“La nueva legislación tendrá un impacto positivo en los 135 municipios de la Provincia al disminuir el ingreso de residuos a los rellenos sanitarios y se espera que beneficie al sector industrial al reutilizarlos en nuevos insumos y materias primas y en el reemplazo de insumos de la importación”, se planteó desde el OPDS.