Una batalla de poder llevada a extremos nunca antes vistos

La desobediencia del presidente Alberto Fernández al fallo de la Corte Suprema que restableció fondos a la Ciudad de Buenos Aires es, obviamente, una pelea por dinero. Pero, sobre todo, se trata de una disputa de poder nunca antes vista. Una batalla política no tanto contra el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusado por el gobierno nacional de ser casi el paradigma del desdén al federalismo, sino un capítulo más de la saga planteada por el kirchnerismo contra un Poder Judicial que, después de años de opacidades acomodaticias, decidió hacer valer su condición de garante del sistema republicano de gobierno.

La Corte, que es la cabeza de ese poder del Estado, también es el último escalón que ofrecen la Constitución Nacional para evaluar la legitimidad de los actos de gobierno de los otros dos poderes. En este caso, de una medida del Ejecutivo tomada en septiembre de 2020, que le sacó puntos de coparticipación de impuestos en forma unilateral a un distrito, la Capital Federal, para dárselos a otro, la Provincia de Buenos Aires.

No se trata de establecer en este expediente si es justo el porcentaje que recibe la provincia gobernada por Axel Kicillof de la torta impositiva coparticipable en función de lo que aporta, del que se benefician los otros distritos. Claramente no lo es, pero esa es una discusión aparte. Aquí se analizó si estuvo bien lo que hizo el Presidente con aquel guadañazo, en su momento presionado por Cristina y Máximo Kirchner.

Forzar la institucionalidad

Fernández ha optado por ir más allá de los límites que él conoce perfectamente por su condición de profesor de Derecho, forzando la institucionalidad hasta el punto extremo. En definitiva, el Presidente eligió un rol en la historia que lo ubicará, apelando a su propio análisis histórico de su pasada etapa anti cristinista, en el bando de los que consideran que el principio de la división de poderes es un concepto arcaico, para relativizar.

Más allá del contraataque judicial que implemente el Gobierno, Alberto ha quedado a tiro del desacato, el alzamiento, la desobediencia y el incumplimiento de los deberes de funcionario público que, por cierto, ya le valieron dos denuncias penales y es casi cantado que se traducirán legislativamente en pedidos de juicio político contra su persona.

Le dio, además, un material valiosísimo a Rodríguez Larreta para su paciente construcción como candidato presidencial “racional” de la oposición, una carrera en la que se le habían puesto a la par sus rivales internos más por guapeza que por pergaminos. “El Presidente quiere quebrar el orden constitucional, violar por completo el estado de derecho y atentar contra la democracia”, despotricó ayer el alcalde sin perder el control. Casi que nombra a Alberto su jefe de campaña.

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Para Fernández, además, la persistencia en no cumplir el fallo de la Corte representaría una acción directa de alineamiento con la estrategia de Cristina -en rigor, un modus operandi- de desoír las órdenes del máximo Tribunal. La Vicepresidenta había desobedecido el fallo que ordenó al Senado a su cargo nominar a ciertos legisladores opositores al Consejo de la Magistratura, el organismo que propone y controla a los jueces. El Presidente había acompañado esa actitud desde lo declarativo, no podía hacer otra cosa. Ahora actuó con el mismo dudoso criterio republicano.

Lo notable es que no parece hacerlo por empatía personal, porque la relación entre él y su vice pasa por una gélida actualidad. No sorprendió, pues, que del “scrum” de 18 gobernadores que adhirieron al comunicado contra la Corte fueron los cristinistas Kicillof y Capitanich (Chaco) quienes actuaron de operadores del resto de las provincias justicialistas y, en cierta forma, introdujeron la idea de que el fallo de los cortesanos obedece más a un criterio político-partidario que a uno judicial.

Se llegó a escuchar desde el oficialismo que el Tribunal busca “financiarle” la campaña a Larreta o que esta es una corte “típica de la dictadura” (senador Oscar Parrilli textual), cuando el peronismo votó a cada uno de sus actuales integrantes, incluyendo los últimos dos que propuso el ex presidente Macri. La pirotecnia verbal no tiene límites.

También habría sido por idea de los mandatarios la estrategia de machacar con el concepto de que el fallo de la Corte obedece a una suerte de lógica “Hood Robin”: que se le saca a las más pobres para darle a la más rica. El Tribunal consideró falsa la idea de que restituir los fondos a la CABA implique quitarle plata de la “copa” a las otras provincias porque los porcentajes que éstas reciben no variarán. El motivo: los fondos para el distrito porteño deben salir de la parte de la recaudación de impuestos que la Nación se queda para sí y no de los que se reparten (páginas 26 y 27 del fallo). En todo caso, el Estado nacional sería el “perjudicado”.

El kirchnerismo siempre avisa. Fue Cristina la que sugirió primero que nadie, apenas asumida como Vicepresidenta, el 12 de diciembre de 2019, que el nuevo gobierno iría por los fondos porteños. Lo dijo así: “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el Conurbano chapotean en agua y barro”. Y advirtió que había llegado la hora de discutir “estos temas”.

Menos de un año después y sin discutir nada, Alberto quitó parte de los fondos de la CABA para destinarlos, supuestamente, a una mejora salarial para la Policía Bonaerense, que se le había acuartelado a Axel. Fue lo que marcó el final de una relación que asomaba bastante civilizada con Rodríguez Larreta, signada por la necesidad de combatir la pandemia de Covid, y que prometía traer cierta sensatez a la política.

“El Presidente quiere quebrar el orden constitucional”, dijo Larreta

Cristina sugirió en diciembre de 2019 que el Gobierno iría por los fondos porteños