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Legisladores de la oposición afirman que Alberto Fernández incurre en los delitos de alzamiento, desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público
La oposición, entre denuncias y críticas al gobierno / web
Legisladores de la oposición presentaron una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios que decidieron no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituirle fondos a Capital Federal que Alberto Fernández le había quitado en septiembre de 2020.
La presentación está motorizada por la Coalición Cívica por los presuntos delitos de alzamiento, desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Le denuncia fue presentada en los tribunales federales porteños por el presidente de la CC, Emiliano Ferrario, y los diputados nacionales Juan Manuel López, Marina Zuvic y Paula Oliveto.
Además del Presidente, la denuncia también apunta al ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur y al gobernador Jorge Capitanich a quien la Coalición Cívica apunta como “instigador” del incumplimiento.
La presentación judicial también apunta al ministro de Economía, Sergio Massa. “Queda claro que es el Ministerio de Economía que, a través de la Tesorería General de la Nación, debió haber girado los fondos de manera automática y diaria, en conformidad con lo resuelto por la Corte”, explica la presentación.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, dice la denuncia. Y agrega: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehuse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.
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Como parte de la ofensiva contra el Gobierno que decidió desconocer el fallo de la Corte, los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio emitieron un comunicado conjunto en el cual repudian “la desobediencia”, luego de que el Gobierno nacional anticipara que presentará un recurso ante el máximo tribunal por tratarse de una resolución de “imposible cumplimiento” la de incrementar el porcentaje de fondos coparticipables destinado a la ciudad de Buenos Aires.
“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, comienza el texto.
“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, plantearon los integrantes de la principal coalición opositora en el comunicado.
Asimismo, señalaron que “la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”.
Además, expresaron que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones”.
Tras una reunión que mantuvo el jueves con 14 gobernadores, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución de la Corte Suprema fue en respuesta a una demanda presentada por Horacio Rodríguez Larreta a raíz del redireccionamiento de los fondos determinado en 2020 por el Gobierno nacional en función de un aumento en la masa coparticipable para la ciudad de Buenos Aires que había sido dispuesta durante la gestión de Mauricio Macri.
“No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, finaliza el texto de Juntos por el Cambio.
Al anunciar la decisión de recurrir el fallo de la Corte, el Gobierno señaló que se trata de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95”.
“Es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Ejecutivo en el comunicado firmado por el Presidente y por los gobernadores.
Alberto Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso “se deben cumplir” y añadió que la norma en cuestión -sobre la que se funda el porcentaje de coparticipación hoy vigente- “no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad”.
En ese marco, el ex presidente Mauricio Macri expresó por redes sociales que “el presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia” y afirmó que “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”.
Además, planteó que “las sentencias no se discuten” sino que “se cumplen”, y opinó que “la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.
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