Ampliaron procesamientos de Baratta y empresarios por hechos vinculados a la causa "Cuadernos"

El juez federal Julián Ercolini dictó un nuevo procesamiento contra el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, Roberto Baratta, por “cohecho” en episodios relacionados con la Causa Cuadernos.

En una resolución de unas 70 páginas, Ercolini (quien reemplaza al difunto Claudio Bonadio) amplió el procesamiento contra el secretario privado de Baratta, Nelson Lazarte, y contra empresarios que supuestamente pagaron las coimas.

La ampliación del procesamiento de Baratta incluye 12 supuestos hechos que hasta ahora no habían sido incluidos en la Causa Cuadernos, elevada a juicio oral y en espera de la resolución de una serie de planteos en el Tribunal Oral Federal número siete.

Ercolini también amplió los procesamientos de los empresarios Hugo Dragonetti, de la empresa Panedile Argentina; Alberto Taselli, de Faraday; Jorge Balán, de Industrias Juan F. Secco S.A.;  Claudio Glazman  y Alberto de Lassaletta, por Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A.

El juez determinó que todos efectuaron pagos supuestamente ilegales a funcionarios públicos, en especial Baratta y Lazarte, gran parte de los cuales fueron entregados al difunto ex secretario presidencial Daniel Muñoz en el departamento del barrio porteño de La Recoleta en el que habita la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien por entonces no residía allí sino en la Residencia de Olivos.

El juez aplicó embargos de 1.500 millones de pesos a Baratta, cien a Lazarte, Balán y  Dragonetti, 80 a Taselli, 60 a Glazman y 20 a Hernán Camilo Gómez, a quien el juez identificó como uno de los presuntos recaudadores de los pagos ilegales.

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Además, dispuso ordenar nuevas medidas para profundizar la investigación, entre ellas reclamar informes a la AFIP y a la Inspección General de Justicia sobre movimientos económicos y financieros y situaciones y composiciones societarias de las empresas que aún no fueron dilucidadas.

Ninguno de los procesamientos incluye el dictado de la prisión preventiva, de modo tal que los imputados a quienes se les agravó la situación procesal permanecerán en libertad.