Sin acuerdo entre Nación y Larreta por el recorte de la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia fijó ayer un plazo de 30 días para que el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires arriben a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos por el mantenimiento de la policía durante la administración de Mauricio Macri.

El máximo tribunal fijó nueva audiencia luego de que las partes, representadas por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieran una reunión convocada para acercar posiciones y arribar a un acuerdo.

El encuentro, que también incluyó a funcionarios técnicos, se celebró en el salón Bermejo del Palacio de Tribunales, y se extendió casi tres horas entre las exposiciones de las partes y las numerosas preguntas de los cuatro ministros del tribunal.

Como estaba previsto, la Corte instó a los representantes del Ejecutivo Nacional y porteño a que continúen la vía del “diálogo” y en, este sentido, hubo un compromiso para que la mesa de diálogo se reúna al menos una vez por semana.

Por su parte, la Nación insistió en que la transferencia de recursos para la policía que hizo en su momento Mauricio Macri fue casi el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos.

La Ciudad, que presentó un amparo contra el decreto presidencial de Alberto Fernández que recuperó esos fondos, insiste en que el recorte implicó un despojo de 120 mil millones de pesos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Cooperativistas platenses reclamaron aumento de sueldos

LE PUEDE INTERESAR

El funcionario que saca chapa de candidato y de paso desafía a Berni

El conflicto tiene como telón de fondo la transferencia de las funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y se inició con dos causas promovidas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional. La poda de recursos fue dispuesta primero por el dictado del decreto 735 de septiembre de 2020 y luego una ley sancionada en diciembre del mismo año. Esto llevó al gobierno de la Ciudad a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.