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La vicepresidenta Cristina Kirchner, en tanto titular del Senado, pidió ser querellante en la causa que investiga los destrozos provocados a su despacho en el Congreso, el pasado 10 de marzo, mientras se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El planteo, que la jueza federal María Eugenia Capuchetti aceptó, fue presentado a través de la abogada Graciana Peñafort con un texto en el que advirtió sobre un “ataque violento” y “coordinado” que habría tenido por objetivo “atentar directamente” contra las oficinas de la exmandataria.
En la presentación judicial, según informó el Senado, “se detalla que el pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el FMI en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto” y que en ese contexto, “pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del Senado en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual Vicepresidenta, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores”.
Además, el escrito vuelve sobre una idea que ya había deslizado la expresidenta en sus redes sociales: que los destrozos provocados a su despacho -y que incluso azuzaron la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos- no fueron al azar: “Entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”, dice la presentación firmada por Peñafort.
E insiste sobre el grupo de manifestantes “que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente” contra el despacho de Cristina Kirchner.
En la solicitud se detallan además las razones por las cuales se pide ser querellante: “Por resultar particular y directamente damnificada la Presidencia del H. Senado de la Nación de los hechos ya denunciados en el marco de la presente investigación [...] solicitaremos se tenga a nuestro mandante por parte querellante, respecto de aquellas personas que resulten identificadas como autores, partícipes o instigadores conforme el avance de la presente investigación y por las calificaciones que oportunamente corresponda asignarles”.
Como se dijo, la jueza Capuchetti es la encargada de investigar los daños en el Congreso y el perjuicio generado al erario público durante la manifestación del 10 de marzo. Por el hecho ya hay un detenido.
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Mientras, la Justicia pidió un primer informe para relevar la cantidad de despachos del Parlamento afectados durante los incidentes. La respuesta de la Policía Científica porteña fue que no solo la oficina de la Vicepresidenta fue atacada, sino que también se verificaron daños “desde la planta baja hasta el segundo piso del edificio del Congreso”, alcanzando los lugares de trabajo de otros senadores del oficialismo, como Claudia Abdala y José Mayans.
De ahí que la investigación en curso busque dilucidar no solo lo que pasó con el despacho de Cristina Kirchner, “sino la afectación a todo el edificio legislativo”.
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