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En medio de quejas de empresarios y supermercadistas, el Gobierno advirtió que podría aplicar la ley de Abastecimiento. Cree que hay subas “especulativas” de hasta un 30%
              Emiliano Russo 
 efrusso@eldia.com 
En el marco de una tensa reunión con dirigentes industriales del sector alimenticio y supermercadistas, el Gobierno les advirtió que podría aplicar la ley de Abastecimiento si en las próximas horas no se retrotraen los precios de distintos productos de la canasta básica que, asegura, aumentaron en los últimos 10 días hasta un 30 por ciento producto de “maniobras especulativas”.
Se trata del primer encuentro propiciado por el Ejecutivo en la denominada “guerra contra la inflación” que hasta el momento ha tenido generalizadas críticas. Anoche en Casa Rosada, mientras, deslizaron que desde hoy recién comenzarían a convocar, por separado, a gremios enrolados en la CGT y las CTA, a dirigentes de la economía social como Esteban “Gringo” Castro (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y a cámaras empresarias para intentar dar señales que aquieten las expectativas inflacionarias. Ya no se habla de arribar a un posible pacto social sino de instrumentar medidas de coordinación que tiendan a tranquilizar los precios que, según el nuevo relato oficial, están convulsionados por la guerra en Ucrania.
Fue así que hacia el mediodía de ayer, el ministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), el secretario de Comercio, Roberto Feletti, entre otros funcionarios, recibieron a dirigentes de la Asociación Supermercadistas Unidos (ASU), de la confederación de productoras alimenticias (COPAL) y de empresas de consumo masivo.
Como blanqueó Kulfas en la conferencia de prensa posterior, hubo fuertes discusiones entre los presentes por las diferencias en cuanto al origen de las remarcaciones registradas en los últimos días. El ministro dijo que le otorgaron “24 horas” a las empresas para presentar listados con rebajas de alimentos y artículos de higiene que retrotraigan los precios al “8 o 10 de marzo” pasado y que para ello primero utilizarán la “persuasión” y de lo contrario, “herramientas del Estado” como la ley de Abastecimiento para fijar precios máximos.
“Esperemos no tener que volver a aplicar la ley de Abastecimiento pero si lo tenemos que hacer, lo volveremos a hacer”, resumió el funcionario, uno de los integrantes del gabinete apuntados por el kirchnerismo en el conflicto interno que registra el Frente de Todos.
Los dirigentes empresarios justificaron los aumentos y los faltantes de artículos por problemas en los distintos eslabones de la cadena. “Es como el gran bonete esto. Sí falta mercadería es porque las fábricas no entregan: cómo nos va a convenir dejar un hueco en la góndola y no vender”, dijo a este diario un ejecutivo de una conocida cadena de supermercados. Durante la víspera la Cámara de la Industria Aceitera Argentina había rechazado que existan “problemas de abastecimiento en el mercado interno. Este mes, se entregará igual volumen que en los últimos 12 meses”.
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Por la tarde, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA y referente de la COPAL, minimizo los cruces con los funcionarios en la reunión desarrollada en Desarrollo Productivo. “Hubo distintas posiciones, lógicamente no acordamos la ley de Abastecimiento. Y propusimos la devolución banderizada (del IVA) a los sectores vulnerables y que cobren jubilación mínima”, declaro a este diario. Kulfas había manifestado su desacuerdo con la propuesta y recordó que en agosto de 2019, urgido por la derrota en las PASO, el expresidente Mauricio Macri había adoptado la medida con “escaso éxito”.
El empresario aclaró que tampoco se pueden consensuar medidas en relación a los “productos envasados y frescos” por su diferente manufactura al tiempo que explicó que los aumentos también se explican por distorsiones ocasionadas por la pandemia, como los altos costos logísticos, sumado al encarecimiento de materias primas por el conflicto bélico. “El girasol subió un 70% en el último mes. La FA (Organización de las Naciones Unidas para Alimentación) preveía un alza del 22% en los alimentos a nivel mundial”, apuntó.
Por su parte, Feletti, de buen diálogo con el Instituto Patria, permaneció en silencio durante el encuentro. Pero el viernes nuevamente pareció “cortarse solo” al recibir ex diputado y sindicalista del cuero, Walter Correa, representante de la Corriente Federal cegetista, quien apoyó la lucha contra la inflación.
El otro tema importante del cónclave de ayer fue la oficialización del fideicomiso para el trigo que, conflicto bélico mediante, pasó de 300 a 400 dólares la tonelada y ha impactado en el mercado interno. Así, se presentó el Fondo Estabilizador Temporario del Trigo que incorpora recursos a un fondo fiduciario que tiene como objetivo subsidiar el precio de la harina en Argentina para poder retrotraer los precios al mes anterior para que, según se informó, “las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan ofrecer en la góndola, en el comercio del barrio el pan, los fideos, la harina al mismo precio, o precios similares al mes de febrero”.
El dinero de los subsidios saldrá del aumento en las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja autorizado por el Ejecutivo. “La suba del precio de la soja compensa cualquier afectación y en cualquier caso la afectación es a seis o siete exportadores”, fundamentó Kulfas. Mientras, el campo hace sentir su malestar con marchas y asambleas de protestas.
Aunque son aliados del gobierno, al cierre de esta edición había incertidumbre en los grandes gremios por la convocatoria al diálogo para contener la puja distributiva. Ya hay sindicatos, como Comercio, que resisten la pauta salarial del 45 por ciento habida cuenta de la estampida de los precios del primer bimestre. Es que en la CGT sostienen que la disparada inflacionaria no se resuelve solo con un acuerdo de precios y salarios sino con un “paquete de medidas que tiendan a ordenar la macro economía fundamentalmente”. No todos los representantes del Frente de Todos tienen el mismo diagnóstico.
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