Magistratura: en manos de la Corte Suprema

La conformación plena del Consejo de la Magistratura con 20 miembros quedó supeditada a dos pronunciamientos de la Corte Suprema, que debe decidir, por un lado, si acepta un recurso de per saltum presentado por Juntos por el Cambio (JxC) y, por el otro, fijar la fecha de la jura de los dos nuevos representantes parlamentarios en ese cuerpo.

Los senadores nacionales del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieron la urgente intervención de la Corte en su reclamo de integrar el Consejo de la Magistratura, algo que ya fue rechazado el sábado último por el juez federal en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials.

El máximo tribunal del país tiene su acuerdo habitual los martes y no se descarta que en los próximos días fije posiciones sobre ambas cuestiones, aunque no hay plazos establecidos para que dé su respuesta.

El senador macrista Juez solicitó su “efectivo nombramiento” -en detrimento de la designación del oficialista rionegrino Martín Doñate-, al interponer el recurso de per saltum (salto de instancia), una herramienta legal disponible para causas con sentencia en primera instancia.

Juez y Schiavoni habían judicializado las designaciones realizadas por el Senado para el Consejo luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner designara al camporista Doñate y Guillermo Snopek, en representación de la segunda minoría de la Cámara alta a partir de la división del bloque del Frente de Todos (FdT), en Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular, que en los hechos aún siguen funcionando unidos

La Justicia argentina contempla el uso de per saltum en expedientes de relevancia para que las partes pueden saltear la instancia de apelación inmediatamente superior e ir de manera directa a la Corte Suprema.

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Antecedentes

La última vez que el alto tribunal habilitó esa herramienta fue en el caso de los jueces trasladados por el macrismo (sin acuerdo del Senado) Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

El primer antecedente de per saltum data de 1990, cuando un fallo de primer instancia frenó la privatización de Aerolíneas Argentinas e intervino la Corte antes de que el expediente fuera resuelto por la Cámara de Apelaciones.

La decisión de la oposición llega en un momento en el que el oficialismo comenzó a discutir en el Senado la ampliación de los integrantes de la Corte.