“Se usó una tragedia” para beneficiar a Lázaro Báez

Lo que debió ser una “herramienta con fines nobles” para dar anticipos a empresas ante casos de fuerza mayor degeneró en un “canal de pago preferencial” para Lázaro Báez. Utilizando, incluso, “una tragedia como excusa” con el único fin de favorecer al empresario que más licitaciones de obra pública ganó durante el gobierno de los Kirchner. Así lo advirtió ayer el fiscal Diego Luciani, en la quinta ronda de alegatos por el juicio de Vialidad que tiene a la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, como principal acusada.

Esta vez, la acusación del Ministerio Público Fiscal se enfocó, entre otras cuestiones, en el análisis de la resolución 899/2010 de la Dirección Nacional de Vialidad dictada con el objetivo de promover el pago anticipado de certificados de obra en casos de fuerza mayor, como podían ser terremotos, aludes y hasta crisis sociales. Ese texto, recordaron los fiscales, fue firmado por el entonces titular de Vialidad (y uno de los acusados), Nelson Periotti, tras un alud que dejó tres muertos en Comodoro Rivadavia por un deslizamiento de tierras.

Se lo presentó como una “herramienta con un fin noble”, pero que “sólo usaron las empresas de Báez sin invocar jamás las supuestas razones de fuerza mayor” por las cuales recurrían a ella, alertó la Fiscalía.

Agregó Luciani que “esta maniobra servía para crear un canal preferencial de pago y darle trámite prioritario a los pagos de Lázaro Báez por sobre otros contratistas, porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, dijo y cuestionó que “se utilizó la tragedia del alud para justificar el dictado de esta norma que en realidad ocultaba una maniobra para darle apariencia de legalidad a los pagos que se efectuaban a las empresas de Báez”.

Al borde de la indignación, el fiscal remarcó que “no hay límites, la realidad fue otra: se usó la tragedia, las alusiones de Periotti al alud no fueron más que excusas para crear este canal exclusivo de privilegio de pagos y por eso buscaron esta tragedia como excusa”, disparó.

Para el titular del Ministerio Público Fiscal, la mencionada resolución habilitó al entonces gobierno de Cristina Kirchner a suscribir convenios de pago anticipado con las empresas que lo solicitaran (la mayoría ligadas a Báez), de modo “arbitrario” y dando “apariencia legal a la maniobra investigada”.

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Además, aseguró que aquella medida no tuvo la difusión correspondiente, que “las restantes empresas no tuvieron conocimiento de esta resolución” y que “solo la usó Báez en más de 1.300 oportunidades”, por lo que concluyó que “la clandestinidad, la opacidad de esta resolución, dieron cuenta del uso que le dieron a esta herramienta” a la que insistió en definir como un “canal de pago preferencial”.

Luciani reprochó también que, “mientras a otras empresas les demoraban hasta 600 días los pagos, a Báez se los adelantaban. El plan diseñado por los jefes de la organización”, dijo en clara referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

Críticas a la perito

Antes, el fiscal Luciani se había dedicado a analizar los peritajes realizados a las obras otorgadas a Báez. Especialmente, objetó el trabajo de la perito de Cristina Kirchner, Alejandra Alperovich, quien se habría basado en tesis de alumnos de universidades de Perú, Guatemala o Medellín, “de dudoso rigor académico” para concluir en la inexistencia de sobreprecios.

Previo al alegato de Luciani, el fiscal Sergio Mola se abocó, entre otros puntos, a observar las constantes modificaciones de obras viales autorizadas a Báez como herramienta “para encubrir la incapacidad del grupo contratista de hacer frente a la avalancha de obras que se les adjudicaba y para hacerse de la mayor cantidad de fondos públicos posible”. Y apuntó por esto a la “connivencia” entre el empresario y el entonces gobierno del matrimonio Kirchner.

“Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner”, insistió en su alegato el fiscal Luciani