Cristina, otra vez con los tapones de punta contra la Justicia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a salir con los tapones de punta contra la Justicia, al advertir que “la mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico” conducen “las instituciones hacia un callejón sin salida”. El planteo surgió debido al criterio que emplea la Justicia para determinar la validez de una escucha al momento de configurar un delito.

“La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, escribió la expresidenta en su cuenta de Twitter.

La ex mandataria recordó que “en el año 2016, en Comodoro Py los camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ´una escucha ilegal´, metieron preso a (Carlos) Zannini (actual procurador del Tesoro) y le prohibieron a (al ex canciller Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EEUU”.

“Después de la legalización de la escucha, Macri -que era Presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”, observó.

Y agregó: “Ahora en 2023, el juez (federal Sebastián) Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles (vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti), que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, Ministro de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ´una escucha ilegal´”.

“Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf´, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”, reseñó la titular del Senado.

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El juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia penal en la que Silvio Robles, el colaborador del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, había sido acusado de sugerir al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

El magistrado tomó esa determinación en coincidencia con el dictamen del fiscal Stornelli, quien consideró que no se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas.

La acción la había iniciado el abogado Gastón Marano, quien dijo haber tomado conocimiento de los chats intercambiados entre Robles y D’Alessandro.

El fiscal aseguró que la utilización de mensajes obtenidos a partir de la filtración del celular de D’Alessandro constituye un “obstáculo insalvable” que impide continuar investigando.