Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste

El jurado de enjuiciamiento aceptó ayer las acusaciones en contra de la jueza Julieta Makintach, por la realización del escandaloso documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, y formalmente dio inicio al juicio político en su contra, que definirá si es destituida o no de su cargo.

A partir de ahora, la magistrada quedó suspendida definitivamente de sus funciones y se le hará efectiva la quita del 40 por ciento de su salario, que hasta esta instancia seguía percibiendo.

Si bien su defensa, a cargo de los abogados Darío Saldaño, Catalina Saldaño, Ramiro Sánchez y Luciano Rappazzo, había realizado varias impugnaciones contra esa decisión, entre ellas recusó a la jueza Hilda Kogan por enemistad manifiesta, todas fueron resueltas negativamente.

Por eso ahora se analiza interponer un recurso de reposición ante el mismo cuerpo y, de inaplicabilidad de ley, para el caso de un nuevo rechazo, que necesariamente deberá llegar a la Suprema Corte bonaerense y abrir la instancia recursiva de la Corte de Nación.

“La medida aún no está firme”, admitieron los representantes de Makintach.

En tanto, por este mismo episodio, Rodolfo Baqué, querellante en el caso que investiga a la jueza, solicitó que se notifique a los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por la investigación en curso por la realización del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

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De acuerdo al documento que el propio abogado envió a la prensa, en el escrito presentado por la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro en el marco del jury de enjuiciamiento “surge manifiestamente el conocimiento de Savarino y Di Tomasso” de las cámaras ocultas dentro de la sala, mientras se llevaban a cabo las audiencias del debate.

En este sentido, el texto redactado por el letrado platense Martín de Vargas remarca que ambos funcionarios judiciales “tienen participación criminal” en los hechos y agrega que “no realizaron una denuncia” y tampoco se constituyeron como “particulares damnificados” en el expediente.

“Se concluye que mal podían denunciar un hecho delictivo que ellos habían autorizado”, resalta el pedido, y resalta que Makintach “los hubiese puesto en descubierto diciendo que ellos sabían y tenían conocimiento de la filmación” de ‘Justicia Divina’.

Makintach manifestó que “no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”.

Mientras espera a saber qué resolución toman los jurados del juicio político y el gobernador Axel Kicillof, la magistrada explicó que “la presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”, dando a entender que no había una “cámara oculta” como se informó.

Una vez más, señaló que por su parte no existió “promoción o participación en un documental”, sino que la idea fue de terceros, en esta ocasión María Lía Vidal y Juan Emilio.