La ley ómnibus y un derrotero incierto en el Congreso

Columnista de EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, busca obtener amplias facultades para gobernar mediante un proyecto de ley remitido al Parlamento y que, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de “emergencia pública” que podría extenderse hasta el final de su mandato.

El denominado proyecto de ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei.

La iniciativa implica la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”.

La Constitución Nacional, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación ultraliberal de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha del desmembrado Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.

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El Ejecutivo alega que promueve esta ley “con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”, “en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

Como “principios y propósitos” de la ley se colocan “la promoción del derecho fundamental a la libertad individual” sin “injerencias indebidas” por parte del Estado, la “protección de los habitantes y de su propiedad privada” y la “profundización de la libertad de mercados”.

En el mensaje de envío de la iniciativa al Parlamento, firmado por Milei y su Gabinete de ministros, el Gobierno afirma que su objetivo es “emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación”.

El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas -entre ellas, Aerolíneas Argentina, el Banco Nación y la petrolera YPF-, reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios militares de fuerzas extranjeras en el territorio argentino.

También en el marco de la “emergencia”, el proyecto garantiza la legítima defensa a las víctimas de un delito y la libertad para revender sin límites boletos para espectáculos deportivos, permite la circulación de vehículos autodirigidos (sin intervención humana) y que un viajero ingrese un producto al país sin declararlo en la aduana.

La iniciativa también incorpora un artículo por el que se ratifica el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, una medida que ha desatado protestas y es objeto de presentaciones ante la Justicia.

Ni bien asumió Milei, un economista libertario que se ha definido como “anarcocapitalista”, puso en marcha un plan de “shock” de duro ajuste fiscal, que incluyen un drástico recorte de gastos y aumento de impuestos, en un contexto de estancamiento de la actividad económica, inflación en fuerte aceleración y una tasa de pobreza cercana al 45 % de la población.