Lucio Dupuy: la hora del veredicto por un caso que conmueve al país

El Tribunal de Audiencia de La Pampa dará a conocer hoy el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy (5), cometido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, en el que los jueces determinarán la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas y detenidas por el brutal asesinato, que aún conmueve al país.

Fuentes judiciales confirmaron que en la audiencia de cesura, que comenzará a las 12, no estarán presentes las acusadas y que los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, resolverán si ambas son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

“Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque decirle padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura”

Magdalena Valenti,
Mamá de Lucio

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La pena no se dará a conocer en esta jornada, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal, la única que les corresponderá a las imputadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la otra etapa del proceso.

En ese sentido, en caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

También deberá definir si aceptan la calificación de “crimen de odio” por razones de género, planteado por el abogado querellante, José Mario Aguerrido.

Fuentes judiciales informaron que, si bien en Santa Rosa es usual que los veredictos se den a conocer por escrito, en este caso se dispuso leerlo en la audiencia, a la que fueron convocadas las partes y a la que tendrá acceso la prensa.

“Lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Le pegué varias pataditas en la cola. Fue rápido. Le pegué y no medí dónde, ni sé por qué tampoco”

Abigail Páez,
La otra acusada

Por la mañana, antes de que se emita el decisorio, los familiares paternos de Lucio participarán de una movilización en reclamo de justicia (ver aparte). Para ellos, como sucedió con el caso de Fernando Báez Sosa, “justicia es perpetua”.

Las acusadas permanecerán alojadas en el Centro de Detención de la provincia de San Luis a la espera de la resolución del juicio.

EL CASO

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

A Páez, en tanto, el MPF le imputa el “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado, sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo.

Por ese motivo, en su alegato, enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.

“Son conductas que deben ser valoradas como que no quiso matar”, les manifestó la defensora a los jueces el tribunal, ante quienes, a su vez, cuestionó las conclusiones de la autopsia practicada a Lucio.

La defensa aseveró que “ninguna de las tres agravantes” planteadas por el MPF para el homicidio quedaron probadas y agregó que en el peor escenario pudo existir un homicidio simple con dolo eventual.

Con respecto a la acusación de abuso sexual, Blanco Gómez, pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda, al tiempo que aseveró que la mediatización del caso provocó un “estado de indefensión” en la imputada.

Por su parte, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de la madre de Lucio por ambos delitos, ya que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”, al descartar la coautoría del homicidio.

“La única testigo fue Abigail”, acotó, al tiempo que descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión.

En su alegato, el defensor planteó que, en forma subsidiaria, si la madre de Lucio fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.

También manifestó que la fiscalía y la querella efectuaron “muchos recortes” a los hechos para encuadrarlos en sus teorías y agregó que durante el proceso se diluyó la responsabilidad del padre en el cuidado de Lucio.

El médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Lucio contó antes del juicio que “en 27 años de profesión” y, tras haber intervenido en “32 casos de niños golpeados”, nunca vio algo así.

En tanto, la familia paterna del niño, representada por el abogado Mario Aguerrido, adelantó que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre a pesar de que estuvo ausente dos años.

A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.