Grecia, 10 años después de la bancarrota

Los cuatro años de Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis en Grecia muestran un resultado dispar: por un lado logró encauzar la economía pese a la pandemia y la invasión rusa en Ucrania, por el otro aumentaron las preocupaciones por el Estado de derecho debido a casos de espionaje sin control judicial.

El país, que hace una década se encontraba al borde de la bancarrota y tuvo que recibir tres rescates financieros internacionales, se ha convertido en un modelo a seguir por sus reformas económicas liberales.

Con Mitsotakis la economía helena creció en 2021 y 2022 muy por encima de la Unión Europea -8,4 % y 5,9 %, respectivamente- y las inversiones extranjeras aumentaron de forma importante.

La deuda descendió 35 puntos porcentuales en los últimos dos años -del 206 % durante la pandemia al 171 % del PIB el año pasado-, uno de los ritmos de reducción de deuda más rápidos en el mundo.

Asimismo, en agosto pasado se permitió a Grecia abandonar los mecanismos de vigilancia impuestos por sus acreedores durante los 12 años anteriores.

Actualmente, el país está a un “escalón” de recuperar el llamado “grado de inversión” en los mercados financieros, lo que según economistas y expertos podría ser el inicio de una de las mayores recuperaciones jamás vistas en el sistema financiero europeo.

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Sin embargo, pese a que la mejora de la economía permitió a Mitsotakis reducir o eliminar impuestos, así como aumentar el salario mínimo un 20 %, los ingresos de los griegos siguen siendo muy bajos respecto a la media europea.

Pobreza e inflación

Según la agencia de estadística helena Elstat, uno de cada cuatro griegos sigue viviendo con riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la inflación galopante en los alimentos básicos presiona a muchos hogares.

Mitsotakis ha reconocido que respecto a la economía hay todavía mucho por hacer y pide la reelección prometiendo crecimiento y aumentos de salarios.

¿EL ESTADO DE DERECHO EN PELIGRO?

Aunque el líder conservador ha sido alabado internacionalmente por su política económica, también ha creado serias preocupaciones sobre las libertades y el estado de derecho en Grecia.

En agosto pasado se reveló que los servicios secretos (EYP) -que Mitsotakis puso bajo su control directo nada más ser investido primer ministro en 2019- espiaban a Nikos Andrulakis, el líder de la tercera fuerza política, la socialdemócrata Pasok-Kinal.

A medida que aumentaban las revelaciones se dio a conocer que también varios empresarios y periodistas fueron espiados, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Konstantinos Floros.

La prensa internacional empezó a presentar a Mitsotakis como “un riesgo para la democracia griega” y en la Eurocámara aumentaron las voces que lo comparaban con el líder ultraderechista húngaro Viktor Orbán.

El líder conservador alegó siempre que “no tenía constancia” de lo que sucedía, pero repetidamente ha evitado arrojar luz sobre el escándalo.

Su partido, la conservadora Nueva Democracia, usó su mayoría parlamentaria para torpedear y concluir en un mes una comisión parlamentaria que supuestamente investigaría el escándalo.

Aunque Mitsotakis señala que el caso “está ahora en manos de la Justicia”, el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, ha empezado a dudar abiertamente de la independencia de esta.

“¿Por qué, desde hace nueve meses, la justicia griega no ha presentado cargos contra nadie? ¿Qué han estado haciendo el fiscal jefe (del Tribunal Supremo) y los otros fiscales durante nueve meses?”, se preguntó Alexis Tsipras, líder de Syriza, durante un mitin la semana pasada.

Además del escándalo de escuchas, el Gobierno de Mitostakis ha sido repetidamente acusado de violar los derechos humanos en el mar Egeo y su frontera terrestre con Turquía al practicar “devoluciones en caliente” de migrantes y refugiados a ese país.

Durante su mandato, según denuncian ONG, aumentaron también los casos de criminalización de socorristas y voluntarios que trabajan con refugiados, muchos de los cuales han sido acusados por los tribunales de cometer espionaje o “formar una banda criminal para facilitar la entrada ilegal de extranjeros al país”.

Mitsotakis siempre negó las acusaciones alegando que su Gobierno no viola los derechos humanos en sus fronteras y que aplica una política “estricta pero justa” en migración. EFE