El Presidente va a la Justicia contra la reforma jujeña

El presidente Alberto Fernández anunció que promoverá acciones, a través del ministerio de Justicia nacional, para determinar si son inconstitucionales las reformas parciales que se le hicieron a la Carta Magna de la provincia de Jujuy.

El jefe de Estado también le pidió al gobernador radical Gerardo Morales que convoque al diálogo, luego de la “represión” de las fuerzas policiales provinciales cuando manifestantes radicalizados intentaron copar y quemar la Legislatura.

El nuevo texto constitucional jujeño fue sacado por la correspondiente Convención Constituyente -cuyos integrantes fueron votados por la ciudadanía- con el voto del peronismo legislativo, en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición del que sólo quedó afuera la izquierda dura.

“He instruido al ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, enfatizó el Presidente.

“A tal punto llegó el conflicto que por primera vez en mucho tiempo algo en el país ha generado la alerta y condena de organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos. Los hechos de violencia son inadmisibles en la vida democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado en forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”, indicó Alberto y luego leyó fragmentos de los comunicados difundidos por esos organismos internacionales citados.

Un día antes, la vicepresidenta Cristina Kirchner le había respondido vía Twitter a la acusación de Morales respecto de la supuesta participación del kirchnerismo en los desmanes citando precisamente las posiciones de esos organismos y haciendo hincapie sobre todo en la CIDH. Esta entidad había expresado “preocupación” por una posible escalada de las fuerzas de seguridad jujeñas y había instado al Estado a respetar los estándares internacionales para el uso de a fuerza pública.

Mientras, desde la oposición le apuntan a la doble vara presidencial, y del peronismo en general, para medir atrocidades y violencia: remarcaron, en ese sentido, el silencio del oficialismo respecto a los que sucede en Chaco, donde un clan de poderosos piqueteros con vínculos con el gobernador Jorge Capitanich -el liderado por Emerenciano Sena- está acusado de “descuartizar y hacer desparecer” a una mujer. El caso chaqueño parece doblemente incómodo para el PJ porque además de mostrar el caso policial aberrante expuso la metodología oficial de transferir la administración de la política social a actores extra estatales con fondos públicos.

Lo mismo había sido revelado en Jujuy sobre Milagro Sala, justamente al asumir Morales. La dirigente kirchnerista está detenida por esos desmanejos y por episodios de violencia que encabezó para resistir la llegada del actual gobernador.

PIDIÓ DIÁLOGO

“Le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. Quiero que sepa el señor gobernador que cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a su lado”, destacó Fernández en su intervención de 8 minutos.

Se refería a que un sector de los pueblos originarios cuestionan aspectos de la Constitución reformada que en rigor terminando siendo sacados del texto final. Morales asegura que estas comunidades fueron convocadas y que dieron su acuerdo pero que, ante la inevitabilidad de la aprobación del nuevo texto, el kirchnerismo duro hizo “un trabajo de confusión” sobre ellos, sembrando dudas.

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