Un rumbo a seguir entre la puerta giratoria y la Justicia por mano propia

Una persona con 39 causas penales que salió hace poco de la cárcel está acusada ahora de matar de una puñalada a un joven de 22 años de edad, en un episodio que ocurrió en la ciudad bonaerense de General Pinto. El presunto autor del homicidio pudo ser detenido por la policía y los vecinos antes intentaron lincharlo, además de haber incendiado por completo la casa donde vivía, impidiendo incluso la acción de los bomberos.

De modo que al absurdo de que una persona con semejantes antecedentes se encuentre libre –por el influjo procesal de “la puerta giratoria”, según dijeron los vecinos- se sumó el despropósito de la “justicia por mano propia” que se intentó aplicar contra el agresor, que también tiene la misma edad que su víctima.

No corresponde profundizar en los detalles de un hecho que ahora la Justicia deberá investigar en profundidad. Sólo podría señalarse que el episodio tuvo su origen en un incidente de tránsito de menor cuantía, cuando el joven luego agredido y asesinado volvía de bailar con un grupo de amigos en una “combi” y se produjo un altercado con el agresor, que viajaba en una moto. La víctima, trasladada de urgencia al hospital, fue operada pero falleció a las pocas horas. El presunto agresor se encuentra detenido.

No es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza. La denominada “puerta giratoria” que facilita la rápida salida en libertad de acusados de cometer graves delitos, se traduce en este tipo de sucesos, que son ciertamente inexplicables y que acentúan, por cierto, los niveles de inseguridad existentes.

La muy generosa suma de beneficios procesales a personas detenidas, tales como las libertades condicionales, el otorgamiento de prisiones domiciliarias, las salidas transitorias, el libre uso de celulares -entre muchas otras ventajas- terminó por desvirtuar por completo la sana intenciones que pudieron haberlos inspirado, ya que se convirtieron en un factor probado de reincidencia y antes que eso de enorme riesgo para la sociedad.

Se ha llegado al extremo de comprobar en forma fehaciente que muchos asaltos violentos se organizan desde el interior de las cárceles, como los “jefes” actuando al mando de sus bandas desde los calabozos, merced al uso de celulares.

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La inseguridad es un problema que viene desde hace varias décadas, intensificada a partir de una suma de desaciertos institucionales, que debieran ser corregidos lo antes posible.

El problema, que por cierto golpea dramática y cotidianamente sobre la población, merece una profunda revisión legislativa, que abarque tanto a las normas como al sistema penitenciario, sin dejar de lado la necesidad de que la Justicia penal apure las causas para que la mayor parte de los detenidos en cárceles sean condenados y no procesados.

Al mismo tiempo es imperativo contar con una fuerza policial mejor formada.

Lo que ocurrió hace pocas horas en General Pinto podría ser ponderado como tan sólo un caso más de los muchos similares que ya han pasado. Y que podrán seguir sucediendo si no se toma un rumbo más acertado en beneficio de los derechos humanos y de la seguridad común, es decir un camino institucional que corra entre la puerta giratoria y la reprobable justicia por mano propia.