Colegios privados más caros en La Plata: aplican nuevas subas en septiembre 2023 en las cuotas

Los colegios privados con arancel libre aplicaron para este mes una nueva suba de aranceles con un promedio del 10 por ciento. La misma se suma a la que dispusieron el mes pasado en un 15 por ciento, aproximadamente. En tanto, los establecimientos educativos que tienen subsidio del Estado están avalados para subir hasta un 9 por ciento el arancel que cobran a las familias. Las subas se dan en un contexto difícil para numerosos colegios que atraviesan crisis que pueden generar el cierre de sus puertas, según alertan en el sector. En este contexto, también crece la morosidad por parte de las familias que no pueden afrontar las subas constantes de los aranceles, y ya se ubica por encima del 25 por ciento promedio.

Una de las comunicaciones que trascendieron el fin de semana, cuando las familias recibieron correos electrónicos con el anuncio de una nueva suba en los aranceles, explica que la medida se adoptó en un contexto de medidas económicas adoptadas “por los Poderes Ejecutivos Nacionales y Provinciales, sumado al generalizado incremento registrado en la segunda quincena del corriente mes en los precios de los productos y servicios (particularmente en el rubro alimentos, combustibles y energía)”.

En ese contexto, puntualizan desde uno de los colegios de la ciudad con arancel libre, “nos vemos ante la imperiosa necesidad de actualizar los valores para el próximo período”, que se aplicará este mes de septiembre.

En ese contexto, el precio del arancel educativo en uno de los colegios laicos sin ayuda estatal pasó a superar los 73 mil pesos, cuando el mes pasado cobró poco más de 69 mil pesos, lo que significó una suba del 5 por ciento en ese concepto, pero aplicó un aumento del 14 por ciento en el transporte escolar que tiene el establecimiento para llevar a los alumnos y alumnas al campo de deportes de la institución que está en la periferia de la Ciudad.

Cabe explicar que los colegios de arancel libre no tienen que esperar el aval del gobierno provincial para aplicar los aumentos en las cuotas que pagan las familias. Distinto es el caso de los colegios subsidiados, que conforman más del 75 por ciento de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, que deben aguardar la resolución de la comisión de aranceles de la dirección de Educación bonaerense para subir las cuotas mensuales.

Desde la Asociación de Institutos de Educación privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) se planteó que “muchos colegios no pueden trasladar los aumentos en los costos que tienen mensualmente porque numerosas familias están imposibilitadas de afrontar las constantes subas, en un contexto en el que cerca de la mitad de la economía tiene altos niveles de informalidad en sus ingresos”.

LE PUEDE INTERESAR

Bioquímicos bonaerenses empiezan a cobrar un bono extra, pero aún no llega a La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Batalla de pintadas y afiches por la educación sexual integral en las aulas

Planteado ese panorama explican que en distintos servicios educativos, principalmente los de nivel inicial y maternal están sufriendo el alto porcentaje de morosidad que pone entre las cuerdas a numerosos jardines y escuelas.

Según el último informe de Aiepba, 30 colegios están a punto de cerrar sus puertas, que se sumarían a los 80 que cerraron durante la pandemia, y otros 200 establecimientos educativos están en “crisis” que se agrava día tras día.

BONO POLÉMICO

Tras conocerse la disposición del gobierno nacional de pagar el bono no remunerativo de 60.000 pesos en dos cuotas, desde Aiepba se rechazó esa medida por “la situación que se encuentra atravesando el sector es preocupante. Las instituciones se encuentran en un estado financiero y económico de vulnerabilidad”. Y agregan “la medida impuesta provoca un descalabro financiero que agrava la realidad de muchas instituciones que ya se encuentran al borde del cierre”.

Para Aiepba y la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) “la obligación de pago de la suma fija no remunerativa fue dispuesta por el Gobierno Nacional dictada por fuera de las paritarias”. Sin embargo, desde el gremio Sadop indicaron que “descartamos de plano las versiones de posibles cierres de instituciones y atribuimos esta práctica a la especulación de un sector que está preparando el terreno para argumentar que no puede pagar el bono. Es más, han llegado a plantear que el Estado “no debe” inmiscuirse en la relación laboral, desconociendo las atribuciones que este tiene en relación a la regulación y control del empleo y las condiciones laborales”.