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La trama de la organización delictiva de La Plata acusada de usurpar viviendas para posteriormente comercializarlas con escrituras truchas sigue dejando mucha tela para cortar.
Como se detalló anteriormente, el modus operandis era siempre el mismo: la banda usurpaba las casas y pasaba la información a un notario que se encargaba de confeccionar la documentación adulterada. Finalmente, las fincas eran publicadas a través de distintas plataformas y eran vendidas en forma fraudulenta.
Lo llamativo además es la complicidad de un funcionario judicial, quien finalmente resultó ser un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien ejercía funciones de custodia en una Fiscalía de Juicio de ese departamento judicial. Se presume que suministraba información sobre las causas en trámite, aunque esta maniobra aun es objeto de investigación.
Fue así, que tras acumularse numerosos elementos de prueba, la Fiscal consideró formular el requerimiento al Juez para que libre más de 20 órdenes de allanamiento que tenían por finalidad detener a los miembros de la banda y el secuestro de material de interés para la pesquisa.
Los procedimientos fueron ordenados por la titular del Juzgado de Garantías Nro. 5 de la Plata a cargo de la Dra. Marcela Inés Garmendia y fueron materializados en la madrugada del día de hoy por una impresionante cantidad de efectivos de investigaciones y Grupos Especiales.
COMO ACTUABA LA BANDA
La investigación que derivó en la orden de 20 allanamientos y hasta ahora 10 detenidos en La Plata en el causa que involucra a funcionarios judiciales, abogados, escribanos y hasta un policía, tiene como eje central la apropiación ilegítima de propiedades a través de títulos truchos y hasta usurpaciones.
En la causa a que accedió este diario, se menciona que los acusados (17 hombres y 3 mujeres) "desde al menos el mes de agosto del año 2022 hasta la actualidad, al menos un escribano,
titular del Registro Notarial Nro. 393 de La Plata, el que por su actividad profesional facilitaba los actos preparativos de las maniobras ilícitas desplegadas, las cuales se realizaban con connivencia de personal policial, en busca de eludir las investigaciones de la autoridad o por su actividad profesional facilitaba los actos preparativos de las maniobras ilícitas desplegadas, las cuales se realizaban con connivencia de personal policial, en busca de eludir las investigaciones".
El objetivo del ilícito se basaba en la apropiación de terrenos o inmuebles, mediante violencia, amenazas, engaños y clandestinidad, despojando de la posesión o tenencia de los mismos a personas con un derecho real constituído sobre ellos, ya sea invadiendo, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, logrando así el desapoderamiento y turbación de la posesión y/o propiedad de los terrenos y/o inmuebles".
Posteriormente, una vez en su interior, simulaban ser los propietarios posesorios, efectuaban destrozos, daños a las propiedades -dependiendo de las características del inmueble y terreno- en algunos casos aparentando refacciones y en otros, además, se apoderaban ilegítimamente de las pertenencias de las personas que detentaban legalmente la posesión.
Al mismo tiempo, confeccionaban documentos privados falsos, que luego los usaban para defraudar a otros, vendiendo los bienes como propios cuando los mismos resultaban ajenos y
utilizándolos para evitar la acción de la justicia exhibiéndolos al momento en que personal policial, por facultades propias o delegadas por el Ministerio Publico Fiscal o el Juez de Garantías, que eventualmente intervinieran en el conflicto.
NOMBRES INVOLUCRADOS
Como se mencionó los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en las dos causas que lleva adelante la fiscal Betina Lacki. En la primera se investiga una asociación ilícita destinada a la usurpación de propiedades y en la segunda, se detuvo a un joven abogado penalista acusado de solicitar dinero para sobornar a un fiscal.
Uno de los detenidos es el abogado y empleado judicial Carlos Ibarrola. También fueron detenidos el policía Martín Ayala, un escribano de apellido Castrillo y un martillero, entre otros implicados.
En tanto, en la segunda de las investigaciones, fue detenido el abogado Juan Manuel Fontana imputado por “defraudación”.
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