El talón de Aquiles del Gobierno, el impacto del descontento, el rol de los aliados y los pasos a seguir

Con el veto a la ley de financiamiento universitario, las reacciones sociales al mismo y la posibilidad cierta de que el Congreso lo deje sin efecto en unos días, el presidente Javier Milei obtuvo la confirmación de que esa es una de las cuestiones más endebles en su cruzada de ajuste que busca un cambio para la Argentina. Un talón de Aquiles que, aún con un argumento acético de lógica fiscalista (no se puede gastar en nada sin una partida presupuestaria que respalde ese gasto), lo pone ante un desafío bastante interesante porque es un tema tan transversal que incluso lo enfrenta a votantes de su propio espacio.

En su ascenso al poder, Milei tuvo el respaldo de un nutrido universo de jóvenes de sectores bajos, medios y altos. Descreídos de la política tradicional, una gran mayoría no lo eligió por estar alineado en un 100 por ciento con sus ideas económicas ultra liberales, sino por el concepto rupturista que suponía ese personaje que venía a terminar con los privilegios de la casta.

Pero el concepto de universidad pública como sinónimo de ascenso social, muy arraigado en la sociedad argentina, nada tiene que ver con aquella pelea contra las ventajas de determinados grupos de la política. Al menos no en la percepción de la gente de a pie.

Para decirlo claramente, el votante de Milei no lo escogió para que recortara el presupuesto de las universidades, donde muchos de ellos asisten, sino para que se pelee con las viejas caras de los partidos tradicionales, la emprenda contra ñoquis del Estado y baje la inflación.

Tal vez en la marcha de abril pasado, convocada por el atraso oficial en enviar fondos para que las casas de altos estudios puedan pagar sus cuentas básicas, se haya notado más la presencia de manifestantes propios en la marea que copó las calles de todo el país. Una vez transferidas las partidas para asegurar el funcionamiento, la movilización de la última semana pareció más signada por el reclamo de actualización salarial y, objetivamente, resaltó bastante la presencia de organizaciones partidarias y sindicales que acompañaron a los espontáneos. Algo de lo que el Gobierno se agarró para decir que fue una “marcha política”, una definición para desacreditarla.

El descontento

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No dejó de ser, sin embargo, el espacio de protesta y movilización contra el oficialismo más transversal y pluriclasista que se ha visto desde que asumió Milei. Probablemente atravesado también por el descontento por otras cuestiones, sobre todo de sectores de clase media que ven llegar facturas de servicios públicos muy elevadas -por la quita de subsidios- y empiezan a tener dificultades para acceder a medicamentos por el alto precio de los mismos.

De las muchas subas que hubo en el marco del ajuste “más grande de la historia”, se trata de los dos ítems que más han impactado en esas franjas sociales que, aún teniendo trabajo registrado, caen en la categoría de pobres por el atraso entre el ingreso familiar y la suba de precios. Se está cocinando ahí, en ese descontento, un foco de resistencia al Gobierno, según reflejan varias encuestas que no se hacen públicas. Esos sondeos también dicen que, por ahora, nadie lo capitaliza en la vereda de una oposición dispersa. La Casa Rosada debería tomar nota de esto: está a nada de que comience la carrera electoral de medio término y el peronismo, por ejemplo, ya está empezando a dar señales de querer ordenarse.

Temas muy incómodos

Está claro que la disputa por la cuestión universitaria para el Presidente es un tema sumamente incómodo. Lo dicho: vetó algo que a buena parte de su base electoral no le gustaría que vete. Quedó, por decirlo de alguna manera, en minoría entre los propios, tal vez por primera vez desde que accedió a Balcarce 50. Con el veto a la movilidad jubilatoria también se había expuesto ante su audiencia porque, coinciden los encuestadores, el paupérrimo haber de los pasivos también es un tema que raspa en la conciencia de sus votantes.

Pero la diferencia es que en el affaire de las universidades, probablemente deba soportar una derrota política. Un revés en el Parlamento, si prospera la intención opositora de insistir con la ley rechazando el veto que se escribió en el decreto 879/2024, a horas nomás de que se realizara la marcha el último miércoles.

Pasaron cosas

En la Cámara de Diputados, el PRO parece decidido a dejar atrás la incondicionalidad que mostró hasta ahora con el Presidente. En su momento, sus representantes no votaron la ley opositora sobre financiamiento a universidades bajo el argumento de que tenían un dictamen propio, de menos costo fiscal. Los libertarios pensaron, tal vez por eso, que podrían contarlos para tener nuevamente sus “87 héroes” -como sucedió con el tema jubilatorio- que les impidan a peronistas y demás bloques duros llegar a los dos tercios de los presentes para insistir. Pero en el medio pasaron cosas.

La principal: nuevamente un enturbiamiento en el vínculo entre Milei y Mauricio Macri que, en palabras de politólogo Gustavo Marangoni, “es una relación de paritaria permanente”. El ex mandatario lo ha ratificado en la intimidad: ya no va a Olivos a cenar con el libertario. Recién el martes próximo los amarillos decidirán qué hacer, en una reunión de bloque.

Pero además hay otro punto en el que muy pocos se fijan y que también contribuye al malestar de los mauricistas. Por iniciativa de Karina Milei, y en alianza con el sector del PRO que responde a Patricia Bullrich, hace pocos días en la Legislatura bonaerense el macrismo tuvo un golpe: los bloques se partieron y los representantes del bullrichismo pasaron a engrosar las bancadas libertarias de las dos cámaras. Objetivamente, esto le quita influencia al macrismo en territorio de Axel Kicillof. El titular del PRO a nivel provincial es Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados nacionales amarillos.

Pasos a seguir

Si la ley queda firme, en su épica de no reconocer derrota alguna los libertarios han sugerido dos posibles pasos a seguir:

- La judicialización del tema, seguramente tomando los argumentos que se escribieron en los fundamentos del decreto de veto. Allí, el Gobierno explica que, según su criterio, la ley universitaria viola el artículo 38º de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que exige que toda norma que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá especificar las fuentes de los recursos para financiarlos; y el articulo 126º del reglamento de la Cámara de Senadores, que dice que todo proyecto que implique gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de los mismos y el detalle de cómo se financia porque de lo contrario no se puede discutir en las sesiones.

- Directamente no cumplir la ley, que lleva el número 27.757. O sea, no transferir los fondos actualizados a las casa de altos estudios. Es un terreno fangoso, más allá de lo que diga el Presidente con su estilo avasallante.

Según el reconocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez “conforme lo establece el artículo 83º de la Constitución si ambas cámaras del Congreso reuniendo la mayoría agravada de dos tercios de la totalidad de sus miembros presentes ejercen la potestad constitucional de la insistencia ante el veto total, entonces la ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial. Y a partir del octavo día se convierte en una ley vigente y aplicable. En el sistema constitucional argentino, el Ejecutivo no está facultado para impugnar una ley ante el Poder Judicial. Ante una ley vigente, el principio de división de poderes previsto por la Carta Magna es contundente: el Poder Ejecutivo debe cumplirla”.

Por supuesto que, como sucede casi siempre con las interpretaciones de la Carta Magna, las opiniones pueden estar divididas. Pero, en todo caso, dada la debilidad que tiene en el Congreso, al Gobierno no le conviene para nada que se abra un debate de estas características.