Disolución del ProCreAr :qué pasará con los planes ya otorgados

Tras más de una década de facilitar el acceso a la vivienda a miles de argentinos por medio de créditos hipotecarios subsidiados, el Fondo Fiduciario Público ProCreAr llegó a su fin. El Gobierno de Javier Milei dispuso su disolución, medida plantea interrogantes entre sus actuales beneficiarios.

Oficializada a través del decreto 1018/2024, la disolución del ProCreAr se enmarca en el plan gubernamental de optimizar recursos públicos. Según los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el fondo representaba una carga significativa para las finanzas estatales y no lograba la transparencia y eficiencia requeridas en la administración pública.

Frente a esta decisión una de las principales dudas entre los beneficiarios es cómo afectará la medida a sus créditos o viviendas ya adjudicadas. En respuesta a ello el decreto establece algunas pautas claras para asegurar la continuidad de los contratos sin modificaciones para aquellos que tienen un crédito en curso o ya adjudicados.

Mientras que para los actuales beneficiarios de ProCreAr el Gobierno asegura la continuidad de sus créditos en curso bajo las mismas condiciones previamente pactadas, aquellos en espera de adjudicación podrían enfrentarse a un escenario distinto con menos claridad en el proceso de acceso a la vivienda.

CERTEZAS

La medida ratifica en principio la continuidad de la gestión de los créditos con el Banco Hipotecario. “El Ministerio de Economía ha sido autorizado a firmar un contrato con el Banco Hipotecario, que asumirá la administración de los créditos existentes bajo las mismas condiciones ya pactadas. Esto significa que los beneficiarios continuarán realizando sus pagos a esa entidad bancaria sin cambios en sus cuotas ni en las condiciones de su crédito hipotecario”, señalaron desde el Gobierno nacional.

En cuanto a los inmuebles del ProCreAr que no tengan contratos de obra vigentes, el decreto establece que serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), permitiendo una reubicación de estos recursos y, posiblemente, nuevas oportunidades para que las provincias y municipios gestionen las propiedades en beneficio de sus comunidades.

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Con respecto a los beneficiarios que ya han sido adjudicados con una propiedad o están en proceso de construcción, estos “pueden tener la tranquilidad de que el Banco Hipotecario seguirá administrando sus contratos bajo las mismas condiciones. Las obligaciones pendientes o nuevas que surjan durante el proceso de liquidación serán cubiertas con los fondos generados por la cobranza de créditos o por la venta de inmuebles del fondo”, aclararon.

INCERTIDUMBRE

¿Qué sucede con los planes en proceso o no adjudicados? Para aquellos solicitantes que estaban en espera de adjudicación o en las primeras etapas del proceso, la situación es menos clara, ya que el decreto no establece explícitamente un plan de continuidad para proyectos no adjudicados.

No obstante se supo que la intención del Gobierno es que el Ministerio de Economía, en colaboración con el Banco Hipotecario, evalúe cada caso en función de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y las normativas complementarias.

FIN DE UN MODELO

Con la disolución del ProCreAr, el Gobierno se aleja de la intervención directa en la financiación de viviendas argumentando que esta tarea corresponde a las instituciones bancarias tanto públicas como privadas.

Las reformas establecidas por el Banco Central en 2023, junto con la reducción de la inflación, buscan incentivar el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de las entidades financieras, facilitando el acceso a la vivienda sin la necesidad de un fondo estatal como el ProCreAr.

Lanzado originalmente en 2012 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el ProCreAr llegó a entregar más de 530 mil créditos para construcción de vivienda y mejoramiento habitacional.

Durante su última etapa, entre agosto 2020 y agosto 2023, el programa otorgó un total de 181.302 créditos en todo el país. De ellos, 115.963 fueron entregados para mejoramiento habitacional y 65.339 para construcción de viviendas.