Cristina a juicio oral por el memorándum con Irán: cómo sigue la causa

La Corte Suprema de Justicia, en un fallo por unanimidad, ordenó ayer que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados vayan a juicio oral por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, al rechazar recursos extraordinarios de las defensas, informaron fuentes judiciales.

Quedaron además confirmados los jueces para realizar el juicio: son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, cuyas recusaciones rechazó la Corte. Los dos primeros ya participaron de la condena a prisión para la expresidenta por la causa Vialidad.

Por otro lado, el máximo tribunal desestimó un planteo de la fiscalía y dejó firme el sobreseimiento de la exmandataria, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de otros ex funcionarios en la causa Dólar futuro. Lo consideró “un asunto de política de Estado no judiciable”.

Los jueces de la Corte descartaron que existiera “arbitrariedad” en la decisión de la Cámara de Casación de reabrir en 2023 la causa sobre supuesto encubrimiento, luego de que se cerrara en 2021.

Cuando se reabrió la causa en 2023, los camaristas habían señalado que la acusación de encubrimiento no se limitaba a la firma de un Memorándum con Irán, en referencia al tratado impulsado por Cristina Kirchner y aprobado por el Congreso en 2013 para interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque a la mutual judía AMIA en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.

Para aquel tribunal, la hipótesis delictiva de la acusación también incluye “negociaciones por canales paralelos a los institucionales, que perseguían el objetivo ilícito de otorgar impunidad a esos ciudadanos iraníes”.

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La exmandataria fue acusada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman cuando la gobernante cumplía el último año de su segunda presidencia. Días después y cuando sería interpelado en el Congreso, Nisman apareció muerto de un disparo en la sien.

En abril, la justicia federal determinó que los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel en 1992, que dejó un saldo de 29 muertos, fueron ordenados por Irán, en un fallo considerado “histórico” por la comunidad judía.

La acusación de Nisman

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó Nisman, y en la que sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán “se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos”.

Pero el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó en octubre de 2021 a todos los acusados por inexistencia de delito. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, dijeron en aquel fallo los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, en una decisión que fue apelada por la DAIA y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, que denunciaban “traición a la Patria”.

El Memorándum de Entendimiento con Irán fue un pacto secreto vinculado con la investigación del atentado a la AMIA, firmado en 2013 por el gobierno de Cristina Kirchner en una reunión realizada en Alepo y revelada por el periodista y columnista del diario EL DIA, ya fallecido, Pepe Eliaschev. Allí se preveía, en nueve puntos, la creación de una Comisión de la Verdad para analizar la causa y la posibilidad de interrogar a los iraníes sospechosos del atentado, que tienen una notificación roja de Interpol.

El Congreso aprobó el pacto, pero el fiscal Nisman, con evidencias de escuchas telefónicas sobre los acusados, dijo que era una maniobra para encubrir el atentado, levantar los pedios de captura de Interpol y favorecer a los iraníes a los que se dejaría de perseguir. Por eso, denunció a Cristina Kirchner.

Cuatro días después de la denuncia contra la entonces presidenta, Nisman apareció muerto en su departamento con un tiro en la cabeza. Fue el 18 de enero de 2015, hace casi diez años, en lo que la Justicia considera que habría sido un homicidio vinculado con su denuncia.

Las impugnaciones fueron rechazadas por la Corte por motivos formales, de modo que no ingresó en el análisis y la valoración de las pruebas. Para los miembros del máximo tribunal, la defensa no demostró un supuesto de gravedad institucional.