Ley Ómnibus, capítulo II: las claves de otra semana decisiva y los puntos más conflictivos

Con la aprobación en general de la denominada Ley Ómnibus, Javier Milei anotó la semana pasada la primera victoria (parcial) de su gestión. Pero mañana, ese megaproyecto, múltiples veces modificado, enfrentará una instancia clave. Será cuando en el recinto de la Cámara de Diputados los legisladores tengan que debatir la normativa artículo por artículo para entonces girarla al Senado, donde La Libertad Avanza es más débil.

Con el Presidente fuera del país (ver página 5), el oficialismo deberá redoblar esfuerzos para alcanzar acuerdos con la oposición dialoguista y los gobernadores en los artículos que mayores cortocircuitos despiertan, como son los referidos a la coparticipación, privatizaciones, emergencia pública, facultades delegadas y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, recaerá en el asesor presidencial, Santiago Caputo, la tarea de negociar con los sectores del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Lo propio hará con los gobernadores el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien durante confió: “Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado”.

El esquema de negociadores lo completan el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, Eduardo “Lule” Menem, quienes deberán intensificar su labor durante los días en los que el presidente se encuentre de gira por Israel, en entrevista con su par de Italia, Giorgia Meloni o en audiencia con el Papa Francisco.

Previo a su partida, la indicación que dejó Milei es que la demorada ley “salga cuanta antes”.

Y es que ya pasó más de un mes desde que el mandatario envió el megaproyecto al Congreso hasta que la semana pasada, al cabo de 30 horas, por fin Diputados aprobó en general (por 144 a 109 votos) el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para poder conciliar las diferencias sobre algunos puntos.

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Coparticipación

Uno de los artículos que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del Impuesto País, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.

Según voceros parlamentarios, los legisladores de bloques dialoguistas estarían dispuestos a aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, si es que el Gobierno acepta reformar el articulo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba.

Privatizaciones

También levanta polémica la idea de privatizar las empresas del Estado, pese a que el jueves el Gobierno propuso quitar de esa lista nueve compañías.

Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación y de Arsat.

Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según la nueva propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Pero se mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.

Además, quedan sujetas a privatización otras 27 empresas, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscales, y los medios públicos (Télam y RTA).

Más diferencias

Oficialismo y oposición deberán consensuar también sobre la delegación de facultades, un punto en el que algunos diputados reclaman que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios clave para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Las reformas al Código Penal, fundamentalmente en el tema protestas, y cuestiones vinculadas al endeudamiento público son otras en las que hasta ahora tampoco se acordó, según advirtieron fuentes del Congreso.

Tras las 31 horas de discusión de la semana pasada, los diputados se preparan para otro debate reñido que, estiman, se extenderá por al menos dos días. Para que ello ocurra, los libertarios deberán apoyarse en los bloques dialoguistas que le permitan alcanzar el quórum de 129 diputados, un número para el que ni la izquierda ni el kirchnerismo colaborarán.