Grave propuesta sobre crear patrullas vecinales armadas contra el delito

Desde hace varios años se viene advirtiendo sobre la tendencia de muchos vecinos a armarse, como forma de enfrentar una ola de inseguridad cada día más descontrolada y violenta, tanto en La Plata como en las localidades que la rodean.

Se advirtió en forma insistente que ese fenómeno responde al hartazgo de la gente, ante la creciente incapacidad demostrada por las autoridades policiales, la Justicia y el resto del sistema penal y carcelario para enfrentar al delito. También es cierto que este fenómeno –que apunta a establecer el imperio de la llamada “justicia por mano propia”- se viene presentando en otros lugares del país.

Ya se registraron episodios que bordearon a los linchamientos en Río Cuarto, La Tablada, Villa Urquiza, Villa del Rosario, Pilar, La Matanza, González Catán, otros distritos del sur del Conurbano bonaerense y también en La Plata. Y desde luego, son cada vez más los episodios en los que los vecinos han repelido a balazos y, en ocasiones, matado a los delincuentes.

En este contexto crítico y disvalioso, vecinos de la Zona Norte de nuestra ciudad, fundamentalmente de City Bell y Gonnet, en una reunión que mantuvieron el miércoles pasado analizaron la alternativa de crear “patrullas vecinales armadas”.

Si bien la propuesta chocó con algunos rechazos y carece de sustento legal, se especuló con la posibilidad de que esa patrulla sea integrada por quienes tengan autorizadas la tenencia y la portación de armas. De ese modo, dijeron, los distintos vecindarios contarán con prevención y, llegado el caso, con “poder de fuego” para repeler a los malvivientes.

Se habló, inclusive, de que los integrantes de esos grupos vecinales armados cuenten con chalecos refractarios y perros, para realizar rondines urbanos sobre todo en horas de la noche. Los vecinos también consideraron necesario realizar un “seguimiento de las causas de los detenidos, para informarle a la comunidad todos los casos donde la Justicia libere en forma indiscriminada a detenidos con causas o pedidos de captura”.

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Dijeron asimismo que “ante los hechos de corrupción que tomaron estado público, no podemos confiarle a la Policía la protección de nuestra familia y pertenencias. Ya se ha perdido la cuenta de los comisarios que han desfilado en la Zona Norte, en particular por City Bell”.

Nada puede objetarse acerca del cansancio, el temor, la impotencia y la desconfianza sobre la acción policial, frente a una delincuencia que acorrala cada día más a la población. Esto está fuera de toda duda.

El sistema de seguridad de la Provincia se muestra casi colapsado y por completo ineficaz frente a esta realidad delictiva que supera todos los límites y que llena de terror a nuestra región, además de los enormes perjuicios económicos que causa la seguidilla de robos y asaltos.

Es verdad también que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, con un variado menú de beneficios procesales y otra nutrida lista de beneficios penitenciario. De modo que la mesa está servida para los delincuentes, no para los honestos que deben vivir entre rejas, alambres de púa y alarmas vecinales o domiciliarias.

Lo que resulta inadmisible es que los vecinos pretendan suplir a la fuerza policial, en una tarea que no les corresponde. La seguridad es un bien sobre el cual el Estado tiene responsabilidad y tutela excluyentes.

Se trata de una obligación indelegable, que debe permanecer en manos de la Policía, la Justicia y el sistema penal. Si estos tres funcionan mal en la Provincia, deben ser reformados y mejorados de inmediato.

Cuanto antes, claro, porque como dice el refrán “el horno no está para bollos”. Y mucho menos para que grupos de civiles analicen la alternativa de repeler a tiro limpio el desborde delictivo existente.