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Política y Economía |El proyecto vuelve al Congreso para ser discutido en comisiones

Diputados debate la Ley Ómnibus y Francos se reúne con gobernadores

Los bloques dialoguistas está dispuestos a acompañar, pero piden más cambios. El Gobierno busca aliados en la región Centro

Diputados debate la Ley Ómnibus y Francos se reúne con gobernadores

Funcionarios del Gobierno y diputados dialoguistas, en una reunión en Casa Rosada

15 de Abril de 2024 | 03:54
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Tanto en la Casa Rosada como en el Congreso coinciden en que hay predisposición de los bloques de la oposición dialoguista y de los gobernadores para que -esta vez sí- la mentada Ley Bases de Javier Milei sea aprobada. Aunque “el interrogante es cómo va a salir”, advirtió en las últimas horas un diputado que participó de las rondas de negociación encabezadas por el jefe de gabinete, Nicolás Posse y el ministro del interior, Guillermo Francos. Son los mismos funcionarios que, en pos de sumar aliados, mañana se reunirán con los mandatarios de la región Centro, el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio.

Porque, si bien el Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal están dispuestos a acompañar el proyecto que aterrizará esta semana en comisiones de la Cámara Baja, persisten las diferencias por los cambios en Ganancias, las facultades delegadas y los beneficios impositivos para grandes empresas.

Así y todo, hay quienes sostienen que el Gobierno podría por fin hacerse con la media sanción en Diputados. Agregan que, a diferencia de febrero (cuando el propio Presidente abortó cualquier canal de diálogo que derivó en un fracaso rotundo en el Congreso), ahora empezaron a tenderse algunos puentes. Obligado por las circunstancias, el Gobierno avanzó con una reversión de la Ley y eso permitió a oficialistas y opositores acercar posiciones, aunque sigue la incertidumbre por la discusión en particular de algunos artículos. Algo que el Gobierno deberá superar si lo que pretende es evitar el rechazo que cosechó el proyecto en el debate inaugural.

Saben en La Libertad Avanza que les será imposible imponer el texto tal como está, sin modificaciones. En minoría, admiten también que no les alcanzará ni con el PRO y que, quieran o no, necesitarán de la oposición a la que el Presidente muchas veces destrata.

Movido por esa necesidad, en los últimos días el Ejecutivo activó una serie de acercamientos con algunos gobernadores peronistas del Norte, en un intento por dividir al bloque de Unión por la Patria y sumar votos, sobre todo en el Senado, donde la gestión de Milei presenta mayor resistencia. Las reuniones con los mandatarios provinciales continuarán mañana, cuando en Paraná coincidan el ministro del Interior y los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que el mes que viene oficiará de anfitriona del renombrado Pacto de Mayo. Tanto Frigerio, como Pullaro y Llaryora comparten el reclamo por el corte de las transferencias de Anses a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Esa inquietud latirá en el encuentro con Francos, ávido por sumar voluntades a la aprobación de la nueva Ley Bases.

Pero en la oposición exigen más modificaciones. Por caso, sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal apuntan a los generosos beneficios fiscales que se les daría a grandes inversores y empresas y, en cambio, reclaman por reformas que contribuyan a incentivar el empleo en las PyMes.

Tampoco hay acuerdo en torno a Ganancias. El proyecto oficial propone la restitución del impuesto con un mínimo no imponible de $1.800.000 para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Los legisladores, aún del PRO, pedirán que la actualización del gravamen sea anual o, al menos, trimestral.

Otro foco de conflicto involucra a las tabacaleras, ya que el Gobierno eliminó el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. En la oposición reclamarán reincorporar este punto.

Las diferencias alcanzan a las facultades delegadas que, por ejemplo, habilitan al Ejecutivo a derogar o modificar leyes que generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

 

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