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La Argentina rechazó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos el fallo que obliga al país a pagar más de USD16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF, y acusó al demandante, el fondo Burford Capital, de pretender frenar el regreso del país a los mercados internacionales.
La Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación de la “errónea sentencia por USD16.100 millones dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska”.
Durante la audiencia, los abogados de la Argentina destacaron la responsabilidad del tribunal de “aplicar correctamente el derecho argentino”; subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos.
La exposición buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.
“Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”, dijo la Procuración y recordó que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino 15 años más tarde, en transacciones en España con Repsol, rodeadas de sospechas de corrupción”.
Señalaron además que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”.
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“Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, advirtieron.
Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.
“La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en una clara crítica a la jueza Preska.
Los letrados de la Argentina cuestionaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.
“Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global. Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales”, señalaron.
Y dijeron que este caso “refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.
La Procuración del Tesoro destacó, en tanto, que bajo la presidencia de Javier Milei el foco siempre ha estado puesto en resolver la “pesada herencia recibida”,
Por ello, la Procuración ha llevado adelante “una estrategia de defensa vigorosa e integral, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para proteger los intereses jurídicos del país”.
“La República Argentina agradece el apoyo de varios Estados que presentaron escritos ante el tribunal respaldando la posición jurídica argentina. Cada acción emprendida ha tenido como objetivo la defensa del interés nacional, la protección del patrimonio público y la consolidación de una Argentina jurídicamente previsible y económicamente estable”, indicaron.
En este sentido, en la Casa Rosada se muestran “optimistas” en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”.
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