Durante una operación policial realizada la semana pasada en Río de Janeiro, las autoridades brasileñas confiscaron más de dos millones de dólares en armamento, informó el gobierno estatal. La acción, considerada la más letal en la historia del país, dejó un saldo de al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos en enfrentamientos ocurridos en dos complejos de favelas controlados por el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales de Brasil.
El gobierno del estado señaló que se trató de “una de las mayores incautaciones” de armamento de guerra en un solo día, con un total de 120 armas, entre ellas 93 fusiles, valuadas en unos 12,8 millones de reales, equivalentes a 2,4 millones de dólares. También se encontraron municiones, explosivos, drogas y equipamiento militar.
De acuerdo con las autoridades, parte del arsenal incautado proviene de países como Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, e incluye modelos utilizados en zonas de conflicto, como el AK-47 y el FAL. Algunos de los fusiles pertenecerían a fuerzas armadas de distintos países, según detallaron los investigadores.
“Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra”, declaró el secretario de la policía civil de Rio de Janeiro, Felipe Curi, citado en un comunicado oficial. El funcionario indicó que las fuerzas de seguridad investigarán las rutas empleadas por los grupos criminales para introducir ese tipo de armamento en el estado.
La operación, ejecutada a pocos días de la apertura de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, generó cuestionamientos de residentes de las favelas y organizaciones de derechos humanos. Estos sectores expresaron preocupación por las acciones policiales y su impacto en la población civil.
Al mismo tiempo, encuestas recientes indican que la mayoría de los brasileños aprueba el operativo, considerado “un éxito” por el gobernador del estado, Cláudio Castro, quien lo calificó como una medida efectiva contra el narcotráfico.
Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció el viernes el envío al Congreso de un proyecto de ley que propone una pena de hasta 30 años de prisión para los integrantes de facciones criminales.
El mandatario firmó además una ley que refuerza la lucha contra el crimen organizado, al tipificar como delitos la conspiración y la obstrucción de acciones judiciales o policiales contra las organizaciones criminales.
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