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El gobierno de Meloni limitó a dos generaciones la posibilidad de obtenerla, una medida con alto impacto en nuestro país
El gobierno ultraconservador italiano restringió ayer las condiciones de naturalización por derecho de sangre, limitando ahora esta posibilidad a dos generaciones, una medida que afecta primero a los descendientes de emigrantes en América Latina y en particular a los argentinos.
Se requiere a partir de ahora tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la nacionalidad, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la “Ius sanguinis” adoptada en el consejo de ministros.
Las condiciones deberán ser aun más duras, pues después “se impondrá a los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero” y naturalizados italianos “mantener lazos reales con nuestro país, ejerciendo los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años”.
Esos derechos y deberes no fueron precisados.
“El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana”, aseguró el jefe de la diplomacia italiana Antonio Tajani, luego del consejo de ministros.
“Pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la “comercialización” de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser una cosa seria”, agregó.
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El ministerio cita como ejemplo Argentina, que tiene la comunidad de inmigrantes italianos más importante fuera de Italia, donde 20.000 descendientes obtuvieron la nacionalidad en 2023 en virtud del derecho de sangre, y 30.000 en 2024.
En Brasil, 14.000 personas obtuvieron la nacionalidad en 2022 y 20.000 en 2024, según la misma fuente.
Según un cálculo del ministerio italiano de Relaciones exteriores, con la ley que estaba en vigor hasta ahora, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.
Italia mantiene un fuerte vínculo con sus descendientes a través del principio de ius sanguinis. Esta herramienta jurídica, que permite transmitir la ciudadanía a hijos y nietos sin importar en qué lugar residan, es fundamental para preservar la identidad cultural de millones de personas.
Este término, que en latín significa “derecho de sangre”, establece que la nacionalidad de un país puede heredarse de manera automática a través de la línea familiar, sin importar el lugar de nacimiento. Se trata de un puente emocional y cultural que mantiene vivas las raíces de este país europeo más allá de sus fronteras.
Esta ley es especialmente relevante en Brasil, Argentina y Estados Unidos, sitios que albergan grandes comunidades de descendientes de italianos. Según la normativa actual, cualquier persona con ascendencia italiana puede solicitar la ciudadanía, siempre y cuando se demuestre un vínculo genealógico ininterrumpido.
El sistema vigente muestra importantes limitaciones administrativas. Las oficinas consulares, especialmente en países con una alta demanda, están desbordadas de solicitudes. En algunos casos, los tiempos de espera pueden superar los diez años. Es por eso que las autoridades locales llevan meses pensando en modernizar el ius sanguinis y hacerlo más acorde con las necesidades del siglo XXI. La primera reforma fue la aplicada ayer, restringiendo la transmisión de la ciudadanía a la primera o segunda generación y excluyendo a los descendientes más lejanos.
En un futuro próximo, no se descarta que se vaya por exigencias relacionadas a otros dos aspectos:
- Requisitos lingüísticos y culturales: exigir conocimiento certificado de la lengua italiana y demostración de vínculos concretos con la cultura y el territorio.
- Domicilio o residencia: notificar el traslado al país como condición para el reconocimiento de la ciudadanía.
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