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javier milei y kristalina georgieva, la directora del fMi/archivo
Instituto de Economía Aplicada. Universidad del Este (UDE)
El jueves pasado por la noche, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió el “Comunicado Oficial Número 85” en el cual informaba que el presidente dictaría y remitiría un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) autorizando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, eufemísticamente, diciendo que con dicho DNU buscaba obtener el apoyo del Congreso. Asimismo, el viernes el ministro Caputo declaró en una entrevista televisiva que ya “están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el Staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al Board (del FMI), que decide si le pone el gancho”. Esto implica que los legisladores no conocerán los detalles técnicos del acuerdo al momento de evaluar el DNU y, además, que el Poder Ejecutivo va a saltar algunas leyes para sancionar un nuevo acuerdo con el FMI.
En primer lugar, la Constitución Nacional pone como atribuciones del Congreso de la Nación “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. En paralelo, la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en marzo de 2021 para evitar repetir operaciones como el acuerdo Stand By con el Fondo negociado por la gestión Macri sin la intervención del poder legislativo, es explícita sobre las operaciones de crédito con el FMI. En su artículo 2° dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
El gobierno solicita al FMI un nuevo acuerdo tras haber perdido USD 4.786 millones de Reservas Internacionales desde el 7 de enero a pesar de haber comprado, en ese mismo período, USD 3.565 millones en el mercado oficial de cambios. Esta sangría encuentra su fundamento, básicamente, en la disminución de los depósitos en dólares del sector privado, en los compromisos recurrentes del Tesoro para afrontar deuda en moneda extranjera, incluida la contraída con el FMI, y en la intervención que realiza el Banco Central (BCRA) para sostener los dólares financieros a los efectos de contener la brecha entre éstos y el dólar oficial, objetivo caro para fortalecer el ancla cambiaria, principal factor de estabilización de los precios internos y garante del anclaje de las expectativas sobre el nivel futuro del tipo de cambio.
Por su parte, el FMI tiene en la Argentina a su deudor más importante y, tal vez, su problema más grande. Nuestro país concentra ni más ni menos que el 28% del monto de financiaciones abiertas por el Fondo a los países miembro (USD 41 mil millones), y su inmediato perseguidor en el podio como deudor es Ucrania, país en guerra, que tiene el 10% de los fondos otorgados (USD 14 mil millones). Un nuevo acuerdo por USD 10 – 15 mil millones de fondos frescos implicaría aumentar a 33-35% la participación de Argentina entre la cartera de préstamos del FMI, algo que sería inconcebible bajo la política de administración de riesgos crediticios de cualquier banco.
En el Comunicado también se menciona que los fondos provenientes del FMI serán empleados para cancelar deuda existente con el BCRA y que el resultante de esa operación será una reducción de la deuda pública total. Fuegos de artificio contable que pueden deberse a la forma de valuación de la deuda por parte del Tesoro y del activo, la acreencia (una Letra intransferible del Tesoro), por parte del BCRA. Lo cierto es que la capitalización del BCRA, la mejora en su posición de Reservas Internacionales que esta operación pueda implicar, objetivo deseable y acuciante en este momento, se realizará a través del canje, no deseable, de deuda intra sector público por deuda del Tesoro (una parte del Sector Público) con un acreedor institucional externo, el FMI, que impone condicionalidades y tiene niveles de exigibilidad de repago o renovación mayores a los de la Letra intransferible. Esto es, se reducirá deuda entre distintos entes del sector público (el Tesoro y el BCRA) a costa del aumento de la deuda externa pública (el Tesoro con el FMI).
El ministro Caputo afirmó también que este nuevo acuerdo no contiene condicionalidades
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El ministro Caputo afirmó también que este nuevo acuerdo no contiene condicionalidades por parte del Fondo, especialmente sobre cuestiones referidas al nivel del tipo de cambio y el cepo. ¿Acaso el FMI, que ya se quemó con Caputo como presidente del BCRA durante el Stand By de 2018, permitirá que la autoridad monetaria disponga libremente de los fondos para, en el marco del esquema cambiario actual, intervenir en los mercados de dólares financieros para contener la brecha? O, por el contrario, ¿solicitará el levantamiento de las restricciones, recobrar toda la liquidación de exportaciones a través del mercado oficial, controlar las intervenciones en éste por parte del BCRA y unificar los tipos de cambio para privilegiar la acumulación de Reservas? ¿Estará dispuesto el gobierno de Milei a que el mercado fije el tipo de cambio y perder el ancla cambiaria?
En definitiva, estas preguntas muestran tensiones que se dirimirán en las negociaciones y que reflejan la incompatibilidad del objetivo de acumular reservas con la estabilización sostenible y duradera de los precios internos bajo un modelo con tipo de cambio real apreciado que alienta las importaciones, desalienta las ventas externas y convive con déficit de cuenta corriente.
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