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Ahora la Comuna comenzará a evaluar “caso por caso”. La semana que viene se conocerían qué barrios podrían aprobarse
Ahora la comuna evalúa los barrios cuestionados “caso por caso” / Archivo
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
El gobierno provincial convalidó ayer el nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT) que el mes pasado votó el Concejo Deliberante para regular el uso del suelo en el partido. Ahora, la Comuna iniciará formalmente el análisis de cada uno de los cerca de 450 loteos ilegales detectados, de los que, se estima, menos de la mitad podrían ser regularizados.
La resolución del ministerio de Gobierno bonaerense fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, contando con el aval de los ministerios de Ambiente y de Infraestructura. Y es la piedra angular del problema expuesto en septiembre del año pasado, cuando el intendente, Julio Alak, decretó la paralización de las obras de construcción de estos desarrollos, por su condición de “ilegales”.
Es que estos barrios, surgidos la mayoría en la última década, habían tenido la aprobación municipal, a pesar de que las ordenanzas que los autorizaban -unas 60- estaban observadas por el Estado provincial, a cargo de dar el visto bueno final en la administración del suelo en los municipios bonaerenses, según establece el decreto ley Nº8.912/77.
Según se indica en los considerandos de la resolución publicada ayer, la Provincia manifestó al Municipio, en distintos momentos de la gestión anterior, que “las regulaciones de ordenamiento territorial son de orden público y general y por lo tanto no da lugar a tratamientos o regulaciones puntuales”, y que “correspondería realizar un análisis general de los procesos urbano territoriales y una actualización normativa integral vigente”, la ahora reformada ordenanza Nº10.703”.
Y remarca que, a pesar de esa advertencia, la gestión comunal anterior “aplicó las ordenanzas no convalidadas en diversas aprobaciones administrativas sobre el territorio, sin atender las normativas vigentes ni las recomendaciones provinciales formuladas en diversas instancias administrativas, lo cual generó la proliferación de loteos y proyectos urbanos que no se enmarcan dentro de la normativa vigente”.
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Por eso, en la Comuna evaluaron ayer como “un objetivo cumplido” la publicación de la convalidación de la reforma del COT, la nueva ordanza Nº12.638/25, que el Concejo Deliberante platense votó el pasado 29 de abril por unanimidad. Fue a partir del impulso de un proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo y el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), que fijó tres áreas bien delimitadas sobre dónde se puede urbanizar el distrito, dónde debe permanecer siendo zona rural y dónde se prohiben emprendimientos por ser espacios de alto riesgo de inundación.
Pero, además, fijó un plan de regularización para loteos que no se encuentran en regla. En el Ejecutivo estiman que son 450 barrios en total. Y que menos de la mitad podrá avanzar con sus proyectos de urbanización.
En paralelo, el Municipio realizó una denuncia penal por la presunta comisión de delitos e irregularidades administrativas producidas durante la gestión anterior, en referencia a la urbanización irregular de zonas de la periferia.
Como viene publicando este diario, la nueva ordenanza sancionada establece criterios para admitir en el programa a loteos que cuenten con un alto nivel de consolidación y el inicio de trámites de autorización previos a junio de 2023.
Según pudo saber ayer EL DIA, el próximo miércoles la Comuna entregará al COUT un informe con las categorías y niveles de conflicto, para evaluar “caso por caso”. Se conocerán entonces cuáles son y dónde quedan los desarrollos susceptibles de ser regularizados y los que no. Aquellos desarrollos que entren en el primer grupo tendrán 60 días para iniciar las tramitaciones requeridas.
En diálogo con este diario, ayer, el secretario de Planeamiento municipal, Sergio Resa, celebró la convalidación de la Provincia de la reforma del COT, medida que, señaló, ahora dará lugar a la segunda fase de la reforma urbana para La Plata, que se debatirá en el segundo tramo del año.
Y subrayó que el debate de la nueva norma “tuvo participación todos los sectores: del Consejo, que está integrado por los colegios profesionales y universidades locales, de los ministerio de Ambiente e Infraestructura provinciales, y el debate de todos los bloques políticos de la Ciudad, que lo acompañaron”.
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