Por DNU, avanzan con el cobro a extranjeros por salud y educación

Valiéndose de su doble rol de funcionario y candidato (a legislador porteño por La Libertad Avanza), el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció ayer cambios en la ley migratoria, aunque sin aceptar preguntas de la prensa para, por ejemplo, aclarar detalles sobre su instrumentación y la fecha a partir de la cual regiría la reforma. La medida apunta a endurecer las condiciones de residencia y deportación para los extranjeros que delinquen, y también habilita el cobro de aranceles por los servicios de salud y educación universitaria para los no residentes, aunque su aplicabilidad sería prácticamente nula en el ámbito de la Provincia y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Se trata, en rigor, de una iniciativa primero incluida (y después eliminada) de la discutida Ley Bases, que después fue retomada en diciembre pasado y con la que el presidente, Javier Milei, volvió a la carga en marzo de este año al inaugurar las sesiones del Congreso.

En la recta final de la campaña por la Legislatura porteña, Adorni aprovechó la presentación de ayer para advertir que “en algún momento el rumbo se desvió y desde hace tiempo tenemos una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”. Según justificó, en los últimos 20 años, ingresaron al país 1.700.000 inmigrantes irregulares.

Por eso, anticipó, “de ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados” e insistió: “La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, dijo, tomando palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que presenció el anuncio.

Qué pasará en la UNLP

De manera complementaria, agregó que “los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico”. Además, “se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”.

Sin embargo, el alcance de la medida sería prácticamente nulo en la UNLP, porque, como han argumentado fuentes de la Casa de Estudios, “no hay no-residentes” que puedan verse afectados por el cobro del eventual arancel que hoy está prohibido por ley y sobre el que en tal caso debería expedirse la Universidad. Quienes estudian en la UNLP solo pueden cursar por el lapso de un año sin contar, como mínimo, con una residencia provisoria.

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De manera que esta exigencia reduce a la mínima posibilidad el cobro de las cursadas a extranjeros. Aún en una facultad como la de Medicina de La Plata, la preferida por 6 de cada 10 alumnos extranjeros inscriptos en toda la UNLP y donde, a partir de la aprobación del ingreso irrestricto a fines de 2015, cada año los estudiantes nacidos fuera de la Argentina representan casi la mitad de los nuevos inscriptos.

Las modificaciones quedarán plasmadas en un decreto que, se prevé, saldrá en los próximos días. También trascendió que el Gobierno enviaría el texto al Congreso, puntualmente a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los decretos del Poder Ejecutivo.

Sin abundar en mayores detalles, Adorni prometió requisitos “más severos” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, “solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”.

Sobre el final, el funcionario alertó que “hemos sido demasiado permisivos con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de 3 años puede ingresar a la Argentina y tampoco se expulsa a quienes infringen la ley”.