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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
La decisión de suspender temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos, que el Gobierno implementó el lunes último y quedó sin efecto el miércoles siguiente porque se alcanzó el cupo de 7.000 millones de dólares, provocó una fuerte reacción en el sector rural. Que, en términos electorales, ha mostrado siempre cierta cercanía con el oficialismo libertario. La crítica fue, sobre todo, que la medida no generó un alivio real para los productores sino que benefició principalmente a los grandes exportadores.
Los principales referentes de la llamada Mesa de Enlace del campo hicieron llegar sus críticas. Incluido el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, un aliado de Javier Milei y con quien el Presidente cultiva una relación personal.
En rigor, hay bastante sobreactuación en las entidades rurales, porque todas sabían perfectamente lo que decía el artículo 1º del decreto 682/2025 del lunes pasado: que se fijaba en cero por ciento (0%), la alícuota del Derecho de Exportación para los granos “hasta el 31 de octubre de 2025 inclusive o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a dólares estadounidenses siete mil millones (USD 7.000.000.000), lo que ocurra primero”. O sea, no los tomó del todo por sorpresa.
La sospecha
En efecto, ese monto se alcanzó en tres días, contando ese mismo lunes. La sospecha que deslizan los ruralistas es que la iniciativa, explicada en la necesidad imperiosa del Gobierno de entrada rápida de divisas, fue hecha a medida de los grandes exportadores que tenían los granos guardados a la espera de una mejora en el precio de la venta. O que acaso estos actores hayan recibido información privilegiada antes de su publicación oficial y por eso activaron sus mecanismos de liquidación en las primeras horas de validez del decreto, aún sin tener el grano acumulado. Es que con la presentación de la declaración basta para asegurarse el cupo.
En este sentido, la información oficial de la Secretaría de Agricultura refleja que, en efecto, los mayores jugadores del mercado se quedaron con la gran tajada de las operaciones registradas. Los gigantes Louis Dreyfuss Companuy (LDS), Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, la china Cofco, Molinos Agro SA y Viterra presentaron DJVE por unas 17 millones de toneladas de grano, casi todo soja. Algo así como el 80% del total que se comercializó. Las exportadoras compran a los productores en pesos y luego venden en dólares.
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El cambio de las reglas de juego
Desde el miércoles, el sector rural aumentó sus quejas, que venían de antes: “todo el tiempo cambian las reglas de juego”, dicen. Algo de eso hay: durante el año, primero se bajaron las retenciones temporalmente, después volvió a los niveles de siempre, luego se las redujo unos siete puntos porcentuales supuestamente en forma definitiva y el lunes pasado se abrió la ventana al derecho de exportación 0 también por un tiempo. Y ahora vuelven al veintitanto por ciento. Habrá que concederle al productor que así es difícil organizarse y proyectar.
Tal vez Milei, urgido por los dólares, se haya comprado un problema político-electoral. En especial en la llamada “zona núcleo” del campo, que incluye a provincias muy fuertes desde lo poblacional, como buena parte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Muchos en el mundillo político creen esto, incluso dirigentes libertarios que nunca lo admitirán en público.
Los libertarios viene de sufrir una dura derrota en territorio bonaerense donde sobresalió un dato: cayeron en secciones con fuerte presencial rural, como la Cuarta y la Séptima. También la Segunda, donde la industria tiene acaso más peso pero también hay tierras muy fructíferas.
En Santa Fe, donde hubo comicios provinciales este año, los violetas dieron pena electoralmente. Es verdad, hubo baja participación y ese es uno de los desafíos libertarios para octubre: convencer a los que no fueron a votar. Lo mismo que en Buenos Aires, donde se supone que gente que eligió a Milei en el balotaje de 2023 se quedó en su casa el último 7 de septiembre.
Gobernadores: un factor clave
Pero el enojo rural ya asoma en esas zonas como un insumo de campaña para el grupo político que armaron los gobernadores opositores más razonables, de nombre Provincias Unidas, que desde su discurso reconocen más empatía con los ruralistas que los candidatos que allí presentará el gobierno nacional.
Figuras como Juan Schiaretti, que se candidatea como diputado nacional por Córdoba, o el gobernador santafesino Pullaro, que postula para el Congreso a su vice, han criticado la baja temporaria de los derechos de exportación por considerarla electoralista y prometen trabajar para alcanzar “retenciones cero” al agro en forma permanente, no ilusoria como sucedió hace pocos días.
Apuntan a un votante que difícilmente se vuelque con ganas al peronismo, históricamente proclive a chocar con el campo.
En el gobierno saben que este grupo político -que integran, además, el chubutense Torres, el jujeño Sadir, el santacruceño Vidal y recientemente el correntino Valdés- puede ser una tentación para el votante ruralista enojado, que acaso quiera mandar un mensaje al Gobierno; un aviso de que, por más que coincidan en términos conceptuales con la idea económica de Milei, siguen esperando cambios de fondo en materia de política agropecuaria, tal como prometió el Presidente cuando estaba en campaña para llegar a la Casa Rosada.
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