eleconomista.com.ar
En política, gobernar no equivale a militar una ideología ni a seguir al pie de la letra sus premisas. Lo contrario sucede en las campañas electorales, que, cargadas de consignas y promesas, suelen construirse en torno a principios doctrinarios y narrativas identitarias. Sin embargo, al momento de gestionar, el margen de acción está condicionado por factores y variables que trascienden cualquier posición ideológica. El caso de las retenciones agropecuarias en Argentina resulta paradigmático para ilustrar este punto. A lo largo de distintos gobiernos, con orientaciones políticas muy distintas, la política hacia el sector agroindustrial ha respondido menos a la “convicción ideológica” y más a la urgencia de dólares, derivada de la crónica restricción externa de la economía argentina.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, se redujeron las retenciones como parte de una estrategia orientada a liberalizar la economía y fortalecer al sector agroindustrial. Sin embargo, la medida, ante la persistente necesidad de reservas, fue revertida.
Durante 2022 y 2023, Sergio Massa, entonces ministro de Economía en un gobierno peronista, implementó los llamados “dólar soja I y II”. Estos programas ofrecían un tipo de cambio diferencial, por tiempo limitado, para incentivar a los productores a liquidar exportaciones. La medida se justificó como una necesidad de reforzar reservas en el Banco Central en un contexto de escasez. Finalizado el esquema, el tipo de cambio volvió a ser desfavorable para la exportación del país.
El pragmatismo se impuso: más allá de las críticas del sector, el gobierno necesitaba divisas y encontró en las retenciones la vía más inmediata para conseguirlas.
En el extremo opuesto del espectro político se ubica Javier Milei, quien en su campaña presidencial prometió eliminar las retenciones por considerarlas un “robo”. Sin embargo, ya en el gobierno, no solo las mantuvo (con bajas o eliminación en productos de menor peso fiscal), sino que recientemente anunció una eliminación temporal de las mismas, nuevamente como recurso para atraer divisas de manera rápida.
El contraste es ilustrativo: un dirigente libertario y un dirigente peronista, con cosmovisiones aparentemente irreconciliables, adoptaron políticas similares frente a la misma restricción estructural.
Gobernar es administrar límites. Estos episodios, como tantos otros, confirman que los márgenes de acción de un gobierno están definidos más por la estructura material de la economía que por la ideología de quienes gobiernan. Las ideas sirven para orientar, pero la gestión se decide en función de condicionantes concretos: reservas, presión fiscal, capacidad de negociación externa y gobernabilidad política.
La política de retenciones es, en este sentido, un ejemplo claro de que el pragmatismo prevalece sobre la ortodoxia ideológica. La lección es contundente: en la gestión pública, el fin justifica los medios. No porque los gobernantes renuncien a sus principios, sino porque los límites impuestos por la realidad obligan a ajustar la acción política a lo posible.
Las ideologías definen las narrativas de campaña, pero los gobiernos se definen por su capacidad de resolver problemas inmediatos. Y en un país donde los dólares son escasos, retenciones y tipos de cambio diferenciales seguirán siendo herramientas de política económica inevitables, más allá de quién esté en la Casa Rosada.
SUSCRIBITE a esta promo especial