Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava

La comisaría Octava de La Plata fue allanada en las últimas horas en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia vinculada a un procedimiento policial realizado a mediados de enero en la ciudad. El operativo fue impulsado por la Auditoría General de Asuntos Internos y se llevó adelante como parte de las actuaciones ordenadas para esclarecer los hechos denunciados.

La causa se originó tras un procedimiento realizado el 15 de enero en dos domicilios ubicados en la zona de 18 y 89 y en un predio de siete viviendas situado en 79 entre 16 y 17. Esos operativos habían sido ordenados en el marco de una investigación por un robo agravado bajo la modalidad “motochorros”, denunciado por un joven que aseguró haber sido asaltado a punta de pistola mientras circulaba por la vía pública.

Como resultado de esos allanamientos, personal policial detuvo a dos personas, un hombre de 44 años y su hijo de 18, y secuestró una importante cantidad de elementos vinculados a la causa. Entre los objetos incautados se encontraban dos réplicas de armas de fuego, dos revólveres calibre .32, municiones de distintos calibres, una funda de chaleco antibalas y armas blancas de fabricación casera. También se secuestraron cuatro motos, y diversas autopartes, además de prendas de vestir que habrían sido reconocidas por la víctima del asalto.

En aquel momento, la investigación estaba orientada a desarticular una presunta banda dedicada a robos bajo la modalidad motochorro, y los procedimientos fueron avalados por la fiscalía interviniente. Tras las detenciones, los investigadores continuaban con el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas para vincular a los sospechosos con otros robos.

Sin embargo, con posterioridad a esos operativos, los detenidos presentaron una denuncia en la que cuestionaron el accionar policial durante los allanamientos, lo que dio lugar a la apertura de una nueva investigación. En ese marco, la causa quedó caratulada, en principio, como “falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conforme a los artículos 54, 249 y 293 del Código Penal.

A raíz de esa presentación, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso una serie de medidas para recabar documentación y elementos de interés para la causa, entre ellas el allanamiento de la sede policial. Durante ese procedimiento se secuestró documentación administrativa y dispositivos electrónicos, que serán analizados por los investigadores para determinar si existieron irregularidades en el procedimiento original.

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La causa continúa en etapa investigativa y será la Justicia la encargada de determinar si existieron o no responsabilidades penales o administrativas.