El fiscal federal Ramiro González rechazó el pedido del expresidente, Alberto Fernández, para cerrar la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez, y solicitó que el expediente sea elevado a juicio oral y público. La defensa del exmandatario había reclamado la nulidad de la investigación y de todo lo actuado, cuestionando la validez de las pruebas y la imparcialidad del juez que instruyó el caso, Julián Ercolini.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que no existen fundamentos jurídicos para clausurar el proceso y ratificó que los actos de instrucción “mantienen plena vigencia legal, ya que no se ha demostrado un perjuicio concreto” derivado de las objeciones planteadas por la defensa. González también rechazó el planteo de volver a foja cero y advirtió que hacerlo implicaría “una revictimización inaceptable” para la denunciante.
Uno de los pasajes más duros del escrito apuntó contra la estrategia discursiva de Fernández, quien había comparado su situación con la novela El Proceso, de Franz Kafka. Para el fiscal, ese argumento revela “una seria desconexión con la realidad” y forma parte de un intento por ubicarse como víctima, cuando -según remarcó- es el imputado quien está acusado de haber “atormentado, golpeado, lastimado y amenazado” a su entonces pareja. El dictamen recordó además que el apartamiento de Ercolini, dispuesto por la Cámara de Casación, no afecta la validez de lo actuado, ya que se resolvió solo para despejar cualquier duda sobre imparcialidad futura.
Con la instrucción concluida, González consideró que corresponde que un tribunal oral analice las acusaciones por lesiones y amenazas agravadas por violencia de género. La decisión final quedará ahora en manos del juez Daniel Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio o acepta alguna otra estrategia de la defensa.
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