El ataque de una patota narcocriminal en un juzgado bonaerense

El ataque perpetrado contra un juzgado bonaerense por parte de unos veinte integrantes de una banda narcocriminal del distrito de San Martín, que portaban armas blancas y profirieron amenazas contra el titular y personal del juzgado penal Nº 5, en donde días antes habían ordenado detenciones de algunos cómplices, merece no sólo un inmediato repudio sino el inicio de acciones tendientes a condenar a los responsables de semejantes delitos.

El episodio ocurrió en la sede de ese organismo de la Justicia provincial, ubicado en Pueyrredón y Cerrito, donde funcionan tres jugados de Garantía. La rápida reacción del personal, que utilizó tabiques para impedir el paso de los delincuentes que querían acceder al despacho del juez, impidió que la situación pasara a mayores. Allí fue cuando los delincuentes amenazaron al juez y al personal con represalias. “No hay cámaras en el exterior ni en el interior del inmueble y la custodia policial es insuficiente”, dijo un empleado.

Luego de esas graves circunstancias el magistrado habló con la prensa acerca de la situación vivida, para agregar que “el narcotráfico está avanzando, es evidente”, dijo. Añadió que lo ocurrido en las últimas horas “pasa todos los días” y que, aunque sumen más policías o seguridad, “eso no implica que los fiscales, juzgados y jueces no estén desguarnecidos”.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense emitió un comunicado para expresar su “repudio y preocupación” por lo ocurrido, mientras que la Red de Jueces Penales de la Provincia calificó el episodio “como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia”, a la vez que cuestionó las “paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal”.

El colectivo de magistrados reparó en que “la tardía intervención de las fuerzas de seguridad solo habría logrado la dispersión del grupo agresor, sin impedir que sus integrantes profirieran amenazas directas y explícitas contra quienes laboran en el juzgado anunciando que volverían, que los interceptarían a la salida del trabajo e incluso los seguirían por donde fueran, a la vez que vociferaban ‘ya saben lo que les va a pasar’”.

Bien se conoce que en años y décadas anteriores se registraron en forma esporádica desórdenes en los ámbitos judiciales, incompatibles con la función que desarrolla la Justicia. Años atrás un juez penal fue agredido por una mujer que en la audiencia oral extrajo un cuchillo y amenazó con emplearlo, tanto contra él como contra los otros dos integrantes del tribunal que habían actuado en el juzgamiento de una persona acusada de haber matado a su hijo. Sin embargo, un intento de ataque en “manada” como este, con inclusión de amenazas, protagonizado por narcocriminales armados, nunca se había presentado.

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Puede decirse que, afortunadamente, en la mayoría de aquellos episodios no se registraron consecuencias de gravedad, muchas veces merced a la experiencia y el ánimo conciliatorio de personas capacitadas para neutralizar a los exaltados. Pero está claro que ahora hace falta la presencia de personal policial y de seguridad armado, más la existencia de cámaras que permitan, por lo pronto, las posteriores identificaciones.

Es preciso contar con los servicios de custodia y con los demás recursos imprescindibles para garantizar la total normalidad en la rutina de los juzgados, disponiéndose inclusive de detectores de metales que impidan el ingreso de personas armadas. Nada justifica que un edificio destinado a impartir justicia pueda encontrarse en una situación de desprotección o que allí se desencadenen desórdenes colectivos riesgosos para la integridad física de los jueces, del personal y del público presente.