Diputados opositores solicitaron ayer una extensión de las audiencias para debatir el proyecto de ley de reforma de la Ley de Glaciares debido a que hasta la fecha ya se habían anotado 18.000 personas para exponer en las audiencias públicas que se realizarán el próximo miércoles 25 y el jueves 26.
El pedido fue realizado por los legisladores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Inés Zigarán, y de Unión por la Patria (UxP) Sabrina Selva, cuyos bloques presionaron para realizar esta audiencias y escuchar a las organizaciones y ciudadanos que se oponen a la reforma que el Gobierno acordó con mandatarios provinciales aliados.
La solicitud está plasmada en una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc.
Los legisladores piden extender las audiencias públicas previstas para el miércoles 25 y jueves 26 a fin de “a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley Nº27.566)”.
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo, es importante que las autoridades provean mecanismos adecuados de participación ciudadana”, señalaron los legisladores opositores.
Agregaron que el artículo 7 del Acuerdo de Escazú “establece que el Estado debe garantizar mecanismos de participación pública abiertos, inclusivos y efectivos en los procesos de toma de decisiones ambientales”.
Los legisladores recordaron que durante el debate legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina, en 2018, la Cámara de Diputados concretó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".
Destacaron que “este antecedente demuestra que el propio Congreso ha garantizado históricamente instancias de deliberación pública amplias y prolongadas, incluso antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, cuyos estándares hoy obligan a asegurar mecanismos de participación pública efectivos en asuntos ambientales”.
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