Detrás del espionaje, la principal amenaza es la falta de idoneidad

Fue etiquetado como "Informe producido por centro de reunión de información Campo de Mayo" y, al saberse de su existencia, el Gobierno volvió a quedar envuelto en una de sus típicas marañas de contradicciones y desmentidas. Ese título, rubricado con sello oficial aunque carente de firma, es un documento preparado por la Gendarmería Nacional con fecha 30 de septiembre de 2009, y en el que esa fuerza armada, teóricamente dedicada a vigilar las fronteras nacionales, describe el accionar sindical de los empleados de la multinacional norteamericana Kraft Foods cuando en agosto de ese mismo año cortaban el tránsito sobre la ruta la Panamericana como manera de agitar sus reclamos contra la empresa, pero descalabrando la circulación de esa autopista estratégica.

Esa descripción de quiénes eran y qué hacían los dirigentes de dicha movilización, ¿era o no inteligencia interior consumada por una fuerza federal de seguridad, algo ilegal? Pese a que el indescriptible senador Aníbal Fernández, consumado vocero todo-terreno del Gobierno, alegó que eso no era "hacer inteligencia", sino hacer algo inteligente, la sensación es que el Poder Ejecutivo se enrosca, cada dos por tres, con los cordones de sus propios zapatos. Ha sido el kirchnerismo el que viene ufanándose desde hace casi nueve años de que a partir de mayo de 2003 dos cosas quedaron prohibidas en la Argentina: la represión a los que protestan en las calles y la investigación de quienes lo hacen desde un perfil ideológicamente radicalizado. Eso dijeron y siguen diciendo, pero las cosas han sido un poco diferentes.

INQUIETANTE

El trabajo de Gendarmería detalla de manera cronológica lo sucedido entre el 19 de agosto y el 10 de septiembre de 2009, cuando la comisión interna de los empleados de Kraft exigía la reincorporación de varios despedidos. Los gendarmes describen en su informe de inteligencia los cortes en la Panamericana y lo hacen de manera minuciosa, hora por hora. Detalla cómo se comportaban los manifestantes, quiénes eran los integrantes del piquete, incluyendo a los despedidos, familiares y amigos, activistas del trotskista Partido de los Trabajadores Socialistas y organizaciones de derechos humanos. Los gendarmes también describen explícitamente a los que luego quedaron procesados por los cortes, incluyendo el veterano dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola; la ex diputada nacional Vilma Ripoll, y los delegados gremiales Ramón Bogado y Javier Hermosilla, todos ellos identificados con ramas del siempre fragmentado trotskismo. La Gendarmería remata esta peculiar actividad policíaca con este resumen: "Los protagonistas de interés (en los piquetes) han mantenido sus posturas contrapuestas (...), han puesto en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes como de terceros al interrumpir deliberadamente en reiteradas oportunidades la autopista Panamericana".

Fue sólo en noviembre de 2011 que esta información, recolectada por gendarmes que actuaban dentro de los piquetes, fue denunciada por esas fuerzas políticas ante (¿quién, si no?) el juez Norberto Oyarbide, cuando el jefe de esa fuerza armada, comandante Héctor Schenone, hubo de confesar ante el magistrado que dicha "inteligencia" formó parte de un llamado "Proyecto X". Nada peor para un gobierno a menudo empachado de su propia verborragia.

La golpeada ministra de Seguridad, Nilda Garré, no confirmó ni rectificó nada. Se limitó a bajar línea: "no admitimos espionaje, y si llegara a haber seremos inflexibles". O sea: pudo haber sucedido, admite, pero ella no lo sabe. "Espionaje" (Garré) o acción "inteligente" (Aníbal Fernández). El dirigente de Quilmes suele usar hilo en sus puntadas y si puede caerle encima a Garré, no se privará de hacerlo. Pero hay una cuestión mucho más trascendente que los galimatías tácticos e ideológicos en que suelen enrollarse las estrellas de la nomenclatura oficial. Es que el kirchnerismo pretende conservar una virginidad intacta en la defensa de sus pergaminos de corrección política.

AMBIGÜEDADES

Esta confusión ha servido para oscurecer las fronteras entre la ley y la ilegalidad, entre lo permitido y lo desautorizado. Principal responsable de estos espirales de ambigüedad es un gobierno que vive enamorado de su propio maquillaje, lo que lo ha llevado a zambullirse a menudo en discriminaciones insoportables. En este caso, hay un agregado tóxico: si después de casi nueve años al mando total y absorbente de la vida del país, en un gobierno kirchnerista se hace "inteligencia" desde una fuerza armada es hasta (si se quiere) menos grave que si eso sucediera a pesar suyo, o sea por impericia o falta de idoneidad.

Las tareas llevadas adelante por la Gendarmería, si se confirma la denuncia, violan la ley de Inteligencia Nacional 25.520, que prohibe a cualquier organismo oficial "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales". Para la ley, sólo se puede hacer inteligencia interna si hay un pedido expreso de la justicia, que no fue el caso, e incluso para evitar un delito, pero siempre que se curse aviso a la Justicia.

La ley 25.520 (que reorganizó sobre bases democráticas todo el plexo de fundamentos jurídicos, orgánicos y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación, sus principios generales, la protección de los derechos y garantías de los habitantes, los organismos de inteligencia, la política de inteligencia nacional, la clasificación de la información, la interceptación y captación de comunicaciones, el personal y su capacitación, el control parlamentario, las disposiciones penales, así como las transitorias y complementarias), fue sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada por el presidente Fernando de la Rúa el 3 de diciembre de 2001, menos de tres semanas antes de verse obligado a abandonar el poder ante un exitoso operativo destituyente que produjo su renuncia. La ley lleva las firmas de los entonces presidente de los Diputados, el porteño Rafael Pascual, y del Senado, el misionero Mario Losada, ambos radicales. ¿Se viola adrede esta ley en la administración de Cristina Kirchner o su violación es hija del desmanejo y/o la pésima gestión? En su imperdible columna de anteayer, viernes 17, en La Nación el inteligente Daniel Larriqueta propone una interpretación dolorosa pero sólida: "nos podríamos quedar en una sonrisa folklórica, mirando a los actores oficiales agitarse en el escenario público con más desmesura que gracia. Pero si estas maneras nos están indicando el grado de idoneidad del Gobierno para encarar y resolver las cuestiones de su competencia, podemos empezar a preocuparnos. Porque sin ninguna vocación por los malos augurios, cualquiera que tenga experiencia de gobierno sabe que siempre se presentan, en el lapso de cuatro años, problemas de diferente envergadura y, sobre todo, problemas no previstos". Remata: "no hablo de las condiciones personales de la señora Presidenta, sino de la sospecha de que, debajo de su alta jerarquía, no hay gobierno, salvo que se trate de un estilo interno del Gobierno que impide el debate de ideas y el estudio de los problemas".

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