Las provincias reconocen que no tienen recursos para pagar un bono

Los gobiernos provinciales coinciden en adelantar que, en función de la situación económica que atraviesan, les resultará difícil afrontar el pago de un bono de fin de año para los trabajadores de sus administraciones, e incluso en aquellas gestiones en las cuales se mostró predisposición de abonar esta compensación salarial, aún no se precisaron montos ni fechas para hacerla efectiva.

Fuentes del Ministerio del Interior precisaron que “la Nación tampoco tiene previsto ayudar financieramente a ninguna provincia” para que pueda afrontar este bono, aunque aseguran que cada provincia tiene “libertad de acción” para proceder en función del estado de sus arcas.

Por su parte, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, explicó semanas atrás que “un bono de mil pesos para 600.000 trabajadores significan 600 millones de pesos” y consideró que otorgarlo sería “ahondar un déficit que deberán pagar los contribuyentes”. El mes pasado, la propia gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, descartó la posibilidad, al asegurar que su administración “no tiene previsto en el presupuesto la plata para el bono”.

DESCARTADO EN SANTA FE

En el caso de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz adelantó que no pagará el bono de fin de año “salvo que Nación avance en un acuerdo con sus propios trabajadores públicos y entonces condicionará de alguna forma a las provincias”.

El mandatario mendocino Alfredo Cornejo reiteró a la prensa local que la provincia “no dará un bono de fin de año”, aunque admitió que la intención del Ejecutivo provincial es “depositar una ayuda extra a los empleados para las fiestas”.

“Se avisará cuando esté el dinero. Cuando tengamos la cuenta específica el Ministerio de Hacienda dará a conocer el modo de pago y los montos”, adelantó Cornejo.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, también descartó que se pueda otorgar un bono de fin de año como exigieron los gremios estatales a nivel nacional y pidió “comprensión” de los sindicatos provinciales y municipales.

“Pedimos que nos entiendan. No hay mala voluntad ni animosidad hacia el trabajador público. Tenemos escasez de recursos y falta de fondos”, aseguró Weretilneck.

RECLAMO A LA NACION

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, anticipó que “sin apoyo del Gobierno nacional”, la provincia no podrá afrontar el pago de esa erogación.

En Jujuy, el ministro de Hacienda Carlos Sadir, remarcó que “no hay disponibilidad de recursos económicos” para abonar ese beneficio. Y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, manifestó en declaraciones a la prensa que “si fuese ya fin de año, no tendríamos la disponibilidad económica para pagar” el bono, aunque aseveró que el diálogo con los sectores gremiales “es permanente”.

En Salta, los gremiales estatales realizarán una contrapropuesta al gobierno provincial en una reunión programada para hoy a la tarde, tras rechazar el ofrecimiento que la semana pasada hizo el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, quien había propuesto otorgarles un bono de fin de año de 2.500 pesos, en dos cuotas.

En Tucumán, el titular del Ejecutivo, Juan Manzur, no descartó la posibilidad de abonar un bono, pero hasta el momento no fijó una posición definitiva sobre el tema y recordó que en setiembre el gobierno tucumano “otorgó 750 pesos a los trabajadores del Estado”.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sáa, en cambio, ratificó el pago de un bono de fin de año para la administración pública provincial, aunque aún no aclaró el monto del mismo.

La provincia de Misiones pagará, entre el 18 y el 20 de diciembre próximos, “un bono totalmente independiente” de 1.850 pesos para activos y pasivos del estado provincial, que “no será tomado a cuenta de paritarias 2017”, según confirmó el Ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán.

Mientras que San Juan ya pagó la primera de las cuatro cuotas del plus de fin de año y la semana que viene cancelará la segunda cuota de 1.400 pesos. En Chubut, la administración pública provincial dará una retribución como adicional remunerativo y no bonificable, pactado con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por fuera del aumento acordado en paritarias.