Griesa jugó al ajedrez y puso contra las cuerdas a los buitres duros

Twitter: @martintetaz

Se conoció el viernes la orden del juez neoyorquino Thomas Griesa de otorgar el stay a la Argentina, condicionando la medida a que el Congreso derogue las leyes que traban el nuevo arreglo con los bonistas y a que pague a los que entren en el acuerdo antes del 29 de febrero.

En la práctica, ese stay es una suerte de medida cautelar que le permite al país salir a colocar nueva deuda en los mercados internacionales evitando embargos y trabas por parte de la justicia norteamericana, puesto que hasta el momento el país estaba en una especie de “VERAZ”, por no haber cumplido las sentencias judiciales.

POR QUE ES TAN IMPORTANTE EL ARREGLO CON LOS BUITRES

El acceso a los mercados de deuda tiene dos ventajas para el país: en primer lugar, permite financiar grandes obras de infraestructura que de otro modo resultaría muy difícil llevar adelante dadas las restricciones de recursos que habitualmente enfrentan los gobiernos y que además sería injusto cargar sobre un solo año presupuestario porque pueden ser utilizadas por varias generaciones. En segundo lugar y más importante en la coyuntura actual, el endeudamiento externo contribuye a suavizar los ciclos económicos y ayuda a sortear las recesiones como la que nos afecta hace cuatro años.

Dado que el Tesoro tiene un déficit fiscal del orden de los 450.000 millones de pesos para este año, las alternativas son pocas. O se consigue financiamiento externo para cubrir ese agujero, o el gobierno se enfrentará a la disyuntiva de tener que elegir entre fabricar billetes y que exploten la inflación y el dólar, o hacer un feroz ajuste fiscal clásico, bajando el gasto público y subiendo los impuestos; una fórmula que en contextos como el nuestro, acaba en una profundización de la recesión con mayor desempleo.

En líneas generales, salvo la baja en los subsidios (tarifazo), el resto de las medidas del Gobierno han sido o bien expansivas del gasto o bien contractivas en materia de impuestos, de manera que está muy claro que el nuevo modelo no busca el ajuste fiscal clásico, sino más bien lo contrario. El propio Alfonso Prat Gay lo dijo cuándo mostró hace unas semanas las proyecciones de su plan “No habrá un ajuste fiscal nominal, sino que el déficit se cerrará de manera gradual, con el crecimiento de la economía”. La apuesta es a que el mayor nivel de actividad económica redunde en mayores ingresos fiscales sin necesidad de aumentar los impuestos y que ello permita reducir el déficit paulatinamente sin ajustar el gasto.

El modelo, así planteado, tiene dos patas; el crecimiento económico y el financiamiento externo del déficit. Si la economía no crece, el déficit no se cerrará y los niveles de deuda se tornarán insostenibles, tarde o temprano, como ocurrió a finales de la Convertibilidad. Si los fondos de afuera no aparecen, el modelo también colapsa porque la financiación con emisión nos conduciría a un camino como el de Venezuela, donde el Banco Central acaba de informar que la inflación del 2015 cerro en un 180%.

LA JUGADA DE AJEDREZ DE GRIESA

En ese contexto, Argentina está corriendo una carrera contra reloj para resolver el conflicto con los buitres y salir del VERAZ. La estrategia del Ministerio de Hacienda y Finanzas ha sido la de cerrar primero con los fondos más pequeños y los ahorristas que representaban menores montos, para aislar a los grandes jugadores como Elliot y Aurelius y forzarlos a aceptar la propuesta de quita del orden del 27,5% que ofrecieron los negociadores de nuestro país.

La movida del Juez fuerza a los buitres duros a entrar en el acuerdo, porque le otorga el stay a la Argentina con la condición de que pague a todos los que acepten la propuesta hasta el 29 de febrero. Entonces si el fondo que maneja Paul Singer, por ejemplo, no firma en los próximos siete días, Argentina conseguiría reponer la cautelar a su favor pagándole al resto, lo cual sería en realidad el mejor escenario para el país porque implica poco dinero y le abriría las puertas a nuestra economía para retornar a los mercados financieros internacionales, dejando a los díscolos sin poder de negociación ulterior y en una posición que demostraría la falta de voluntad de alcanzar un acuerdo.

Así las cosas, todos los buitres están prácticamente obligados a acordar antes del 29 de febrero, lo que pondría la pelota en terreno argentino y obligaría al Presidente a acelerar las negociaciones en el Congreso para derogar la “Ley cerrojo” y la “Ley de pago soberano”. Inmediatamente luego de sorteado ese obstáculo legislativo, el país tendría que pagar, casi con seguridad usando sus reservas, el monto acordado que ascendería a unos 6.500 millones de dólares.

La resolución final del conflicto y la salida del default bajaría de manera importante el costo financiero del país, mejoraría su calificación crediticia y le permitiría colocar nueva deuda por una cifra que estaría entre los 20.000 y los 30.000 millones de dólares.

Quedaría no obstante un tema clave por resolver para bajar el riesgo país y con ello el interés que pagaremos por la nueva deuda; la reposición de estadísticas públicas confiables. Nadie va a invertir en Argentina ni en ningún país, si no sabe cuáles son los números de esa economía, porque esa es la única manera de poder estimar la solvencia de las cuentas públicas y con ello calcular el riesgo de no recuperar la inversión.

6.500 millones de dólares

Todos los buitres están prácticamente obligados a acordar antes del 29 de febrero, lo que pondría la pelota en terreno argentino y obligaría al Presidente a acelerar las negociaciones en el Congreso para derogar la “Ley cerrojo” y la “Ley de pago soberano”. Inmediatamente luego de sorteado ese obstáculo legislativo, el país tendría que pagar unos 6.500 millones de dólares.

(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"