Es imperativo un acuerdo para el buen funcionamiento de la Justicia provincial

A inicios del mes en curso se aludía en esta columna a la necesidad de que se agotaran las fórmulas de conciliación para poder así normalizar el servicio de Justicia bonaerense, afectado en los últimos meses por el conflicto existente por razones salariales y otras reivindicaciones de tipo laboral que sostienen los empleados del Poder Judicial. Se había registrado una convocatoria del Gobierno provincial al gremio del sector y se lo consideró, entonces, como un paso que podría resultar positivo, en la medida en que ambas partes acercaran posiciones. Sin embargo, como se sabe, ello no ocurrió y la situación conflictiva se agravó. De modo que podría verse ahora más seriamente afectado a uno de los servicios institucionales de mayor relieve.

En ese contexto es que los empleados judiciales acaban de disponer un paro de actividades de 72 horas para esta semana que se inicia, que se cumplirá entre el miércoles y viernes venideros, ante la falta de ofertas superadoras por parte del Gobierno, según señalaron dirigentes gremiales. Tal como se informó en este diario, la decisión fue adoptada por las asambleas que se desarrollaron en las departamentales, en el marco de un conflicto creciente que esta semana paralizó por 48 horas la atención en los tribunales bonaerenses.

Cabe señalar que la decisión del gremio de profundizar el conflicto se registra en medio de la falta de diálogo y de versiones acerca de que el gobierno provincial podría disponer que se liquide por decreto el aumento ofrecido por el Gobierno y rechazado por el sindicato. Entre ambos porcentajes de incremento, como se sabe, existen importantes diferencias. Por su parte, fuentes oficiales indicaron a este diario esa posibilidad, tal como se informara en ediciones anteriores, de que el pago del aumento pudiera concretarse con los sueldos de este mes o a través de una liquidación adicional que podría pagarse a mediados de mayo.

Corresponde añadir que también los jueces y demás magistrados vienen expresando su malestar por el “retraso salarial” y hasta el momento no habrían recibido propuesta alguna por parte del Ejecutivo. En las últimas horas, además, la propia Corte dejó trascender su inquietud por el tratamiento salarial del Ejecutivo hacia el conjunto del Poder Judicial.

Se ha dicho ya en anteriores oportunidades que buena parte de la población de la Provincia, entre ella los muchísimos miles de justiciables relacionados a causas que se tramitan en los distintos fueros, los abogados y demás profesionales, son los que, en definitiva, es la que termina pagando siempre los platos rotos por las posiciones controvertidas que, en ocasiones, se prolongan indefinidamente y que demoran en acercarse entre el Gobierno y los empleados de la justicia. Sería, ciertamente, una simplificación injusta y superficial suponer que aquí se intentan condenar las reivindicaciones sectoriales, sino que, tan sólo, se insta a que se busquen soluciones que impidan la prestación eficaz del servicio de Justicia. Ello a pesar de lo inconciliables que puedan parecer las argumentaciones en pugna, seguramente respetables y dignas de la mayor consideración.

En el actual conflicto, que amenaza con prolongarse, debe subrayarse, entonces, la imperiosa necesidad de hallar mecanismos que faciliten un mayor acercamiento y que, fundamentalmente, contemplen la totalidad de los intereses puestos en juego.

Más allá de esas posiciones enfrentadas – que surgen, según se ha informado desde ambas partes, en un caso de los planteos gremiales, cuyo derecho constitucional a esgrimirlos resulta incontrastable y, en el otro, de las posibilidades presupuestarias de la Provincia- corresponde también instar a que se encuentren maneras de protesta que no se traduzcan, como viene ocurriendo desde hace muchos años, en la virtual paralización de la actividad de los tribunales. Se ha dicho ya, muchas veces, que es demasiado trascendente la administración de justicia, como para no confiar en que atienda debidamente a la comunidad a través de una prestación eficaz y continuada.