Declaraciones juradas: marcha atrás con trabas a la difusión

El decreto causó un enorme revuelo, porque dejaba la puerta abierta para que se aplicara una sanción de hasta dos años de prisión a quienes dieran a conocer el contenido de las declaraciones juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de Servicio Penitenciario. Pero al cabo de una jornada en la que abundaron durísimas críticas e intentos de aclaraciones oficiales que no despejaban las dudas, el gobierno bonaerense decidió anoche dar marcha atrás y derogar los polémicos artículos de esa normativa que amenazaban con establecer un cepo informativo.

La administración de María Eugenia Vidal quedó en el ojo de la tormenta, al conocerse ayer el texto de un decreto aclaratorio sobre la declaración obligatoria de bienes que deben realizar numerosos funcionarios. La lupa se posó en los artículos 1, 2 y 7, que establecían limitaciones para dar a conocer los patrimonios y penas de hasta dos años de prisión para quienes los difundieran.

PENAS

El artículo 1 hablaba del “carácter reservado” de la declaración. Y añadía: “Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”. Terceros, se interpretaba, eran los periodistas y medios informativos.

Los artículos 2 y 7 también preveían sanciones para quienes violaran “deberes de confidencialidad” y quienes utilizaran esa documentación “indebidamente”.

Con el correr de las horas se fue armando una bola de nieve. Mientras se iba multiplicando el reclamo por el supuesto intento del gobierno de Vidal de cercenar la libertad de prensa, los funcionarios procuraban bajarle los decibeles a una controversia que parecía no encontrar límites.

La propia Gobernadora debió apelar a la red social Twitter en un intento por bajar los decibles. Dijo que el decreto “sería revisado” si “algunas cuestión técnica generó dudas”.

Mientras arreciaban los comunicados de fuerzas de la oposición repudiando el decreto, en un último intento por calmar las aguas salió a declarar por televisión el secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand.

El funcionario buscó minimizar la polémica. “Esto mañana será una anécdota”, dijo, para afirmar que “no hay en este decreto riesgo alguno a la libertad de prensa”.

Además rechazó que la Provincia se equivocara al dictar el decreto. “Esta norma no justifica una interpretación retorcida”, afirmó.

A los pocos minutos el propio Conte Grand quedó desautorizado. El gobierno de la Provincia emitió un comunicado para informar que se derogaban los polémicos artículos 1, 2 y 7 “para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”. Y añadió: “A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo”.

TRAMITE DOBLE

En rigor, los funcionarios alcanzados por el decreto de Vidal deben realizar un trámite doble. Una de las declaraciones es sintética, que detalla todos los bienes que integran el patrimonio. La otra contiene, además, información confidencial sobre el lugar donde se encuentran esos bienes, descripciones de cuentas e información financiera.

La primera de ellas es la que tendrá libre acceso y podrá ser publicada.

Pero el decreto aclaratorio de Vidal abría la puerta a que tampoco se pudiera tener acceso a esa declaración que tiene el carácter público. De ahí el revuelo y la marcha atrás que, anoche, decidió dar el gobierno bonaerense.