El riesgo de autorizar el uso de agroquímicos en áreas cercanas a las zonas urbanas

Si bien existe una mayor conciencia en la sociedad, reflejada inclusive en la sanción de normas y en la creación de organismos dedicados a ese tema, sigue siendo indispensable una decisión política de los gobiernos -comunal, provincial y aún nacional- que encare seriamente los problemas que plantea la contaminación ambiental. En este sentido es que cobra importancia el tratamiento de un proyecto de ley, sometido en estas jornadas a consideración de la Legislatura bonaerense, que busca regular la aplicación de agroquímicos y pesticidas en zonas cercanas a áreas urbanas de los campos bonaerenses. La norma ya fue aprobada en el Senado y girada a la Cámara de Diputados, donde viene generando cada vez más resistencias.

Organizaciones sociales, sindicales, del campo y ambientales de la Provincia debatirán junto con legisladores la iniciativa que, según aseguraron desde algunas de esas entidades, vulneraría los derechos a la salud y al hábitat saludable, ya que, en algunos casos, permitiría la aplicación de agrotóxicos, fertilizantes y pesticidas a diez metros de las áreas urbanas, según afirmaron quienes se oponen al proyecto.

Para quienes expresan resistencias, la norma, en términos prácticos, reduce las distancias mínimas para pulverizar y fumigar con productos agroquímicos, llevándolas, en el caso de algunos productos, a escasos metros de zonas urbanas, de establecimientos educativos y de los cursos de agua. Por su parte, quienes apoyan el proyecto sostienen que la propuesta apunta a delimitar diferentes áreas en torno a las zonas urbanas donde podrían aplicarse agroquímicos o no, dependiendo de su grado de toxicidad pero también de condiciones climáticas como la dirección e intensidad de los vientos, entre otros.

Sea como sea, los legisladores provinciales deberán profundizar los análisis previos ya que bien se conoce el contexto ambiental crítico vigente en nuestro país en donde se han conocido relevamientos alarmantes acerca del grado de contacto directo con fuentes de contaminación en que se encuentran muchas poblaciones. Es la salud pública, sin dudas, la que se encuentra en juego.

No debiera hacer falta reseñar que la contaminación ambiental puede ser causante de enfermedades tan graves como cáncer, leucemia, malformaciones fetales y bajo peso, problemas de fertilidad y afecciones en el sistema nervioso central. Se conoce, también, que hay millones de habitantes sometidos a la gravitación de fuentes contaminantes muy peligrosas, como ocurre, por ejemplo, en vastos sectores de la cuenca del Riachuelo, en donde el 50 por ciento de los niños de entre 7 y 11 años presenta altas cantidades de plomo en la sangre. Otras graves enfermedades derivan de toxicidad de las aguas del río Reconquista, contaminadas por industrias aledañas. Se determinó que allí viven unas 4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

También se detectaron altos niveles de contaminación en Córdoba, como consecuencia de la concentración de agroquímicos, con patologías oncológicas que tendrían relación con las fumigaciones en campos linderos a las poblaciones.

Ese panorama, por consiguiente, exige la mayor prudencia y sabiduría legislativas, a la hora de sancionar normas que implican el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas.