Un juez frenó la jornada doble que se busca implementar en las escuelas porteñas

El juez Roberto Gallardo ordenó ayer al gobierno de la ciudad de Buenos Aires “abstenerse de modificar el sistema de jornada simple” luego de que se anunciara desde el Ministerio de Educación porteño la implementación de un sistema de jornada doble para todas las escuelas que están bajo su órbita. El mismo juez que hace 4 meses prohibió “toda actividad comercial de baile” en Capital luego de la tragedia de Time Warp, concedió ahora una medida cautelar al grupo de 24 padres que en el mes de junio presentaron un recurso de amparo pidiendo que se frene la puesta en marcha de la doble escolaridad.

A poco de conocerse la decisión del magistrado del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que le da luz verde al pedido de los padres de los alumnos de una escuela primaria pública de Villa Crespo, el Ministerio porteño manifestó que se trata de una medida judicial “estrictamente politizada” que “solo busca entorpecer la gestión”. Anticiparon además que hoy apelarán la resolución ya que el cambio se hizo respetando la opinión de la comunidad educativa llevando adelante “una consulta y verificado el apoyo de la mayoría”. A contramano de esta postura, los padres que rechazan el cambio desde el día que recibieron la noticia en el cuaderno de comunicaciones de sus hijos, sostienen que la medida fue “unilateral e infundada”.

El fallo de Gallardo que ordena al Gobierno de la Ciudad “abstenerse de modificar el sistema de jornada simple” llega en medio del debate por la extensión del horario escolar que la semana pasada planteó en la ciudad de Junín el Ministro de Educación Esteban Bullrich. Según se explica en la sentencia provisoria, “se deberá mantener en el sistema de inscripción para el año próximo los dos turnos existentes actualmente en la Escuela N° 2 Francisco Herrera, hasta que se dicte sentencia firme”.

En los fundamentos, el magistrado sostuvo que “las modificaciones a los regímenes escolares que ya se encuentran en curso requieren de una previa consulta con los interesados, un estudio del impacto que los cambios traerán aparejados y un consenso con la comunidad educativa a la que van dirigidos”. Además interpretó que la extensión de la jornada puede poner en riesgo el “derecho a la educación”. El juez ordenó además la difusión del amparo, para que se sumen todas aquellas personas que puedan llegar a tener un interés en el resultado del litigio.