Acusado de vender terrenos usurpados seguirá preso pero el desalojo no avanza

La persona aprehendida ayer cuando vendía un terreno usurpado de Melchor Romero quedó detenida por requerimiento de la fiscalía que investiga los hechos. Se trata de Antonio Ramírez, un albañil paraguayo de veinte años, quien fue sorprendido anteayer por efectivos policiales cuando terminaba de realizar la transacción, en una celada de la que participaron como compradores los legítimos dueños de los lotes.

Un segundo demorado, también oriundo del país vecino, de 24 años, fue liberado mientras se determina su grado de vinculación con el intento de estafa. La detención de Ramírez, quien se negó a prestar declaración, fue pedida por el fiscal interviniente, Alvaro Garganta -titular de la UFI º11- al juez de garantías Guillermo Atencio en conjunto con el desalojo de las cuatro hectáreas usurpadas entre las calles 526, 528, 159 y 161.

La primera de las solicitudes fue concedida por el magistrado; el segundo, por el que también se tramita una causa en el juzgado 3 de César Melazo, no. Según trascendió, debido a “motivos técnicos y de competencia”.

La toma de tierras se inició a fines de junio pasado, cuando medio centenar de personas -número que se multiplicó con el correr de los días- se instaló en el descampado de Romero, a la vera del arroyo El Gato. Se trató del tercer intento de ocupación en esos lotes, después de sendas intrusiones truncas en 2013 y 2014; para inicios de septiembre, varias de las parcelas usurpadas se ofrecían en sitios de Internet a precios que oscilan entre los $15 mil y $30 mil.

Los propietarios radicaron su denuncia en la UFI Nº3, a cargo de Marcelo Martini, quien dio intervención al Juzgado de Garantías Nº2, de César Melazo. Este ordenó el desalojo, pero días después lo suspendió por tiempo indeterminado.

El miércoles pasado, un informe televisivo puso en tela de juicio la actuación de Melazo. Alejandro Gutiérrez, uno de los dueños de las tierras de 526 y 161, vinculó el freno al desalojo con la presentación de un proyecto expropiatorio en la Legislatura bonaerense, redactado por el diputado Gustavo Di Marzio, del Frente para la Victoria.

Fuentes tribunalicias aclararon ayer que “el mismo día en que se dictó el desalojo, la Defensoría Oficial interpuso una apelación y un recurso para suspenderlo, argumentando que se trataba de una problemática social que excedía el delito de usurpación y que en verdad existía un asentamiento, por lo que se dio intervención a la Asesoría de Menores”.

“También se presentaron diez familias pidiendo la postergación del desalojo” se recordó: “entonces se lo dejó en suspenso hasta que se verifiquen los argumentos de ambas partes, máxime al no haber todavía un dictamen de la fiscalía interviniente. No tiene nada que ver con el proyecto de expropiación”.

Gustavo “Tío” Di Marzio, quien fuera entrevistado por los propietarios de las tierras usurpadas -presuntamente tras ser mencionado como referente por los protagonistas de la toma-, también desmintió de manera tajante toda vinculación con el hecho. El dirigente enrolado en el Movimiento Evita calificó las versiones como “una difamación” y aseguró que “acá no hay convocatoria ni ‘traslado’ de personas para usurpar, la mayoría de los ocupantes son vecinos de la zona”.

“Lo que intentamos es encontrar una salida, tratando de que no haya violencia” declaró Di Marzio, quien el año pasado celebró la expropiación de cincuenta hectáreas de terrenos ocupados en Abasto, considerando que “gracias a la lucha de los vecinos pudimos hacer este granito de justicia”.

Alejandro Gutiérrez calificó los fundamentos del proyecto del legislador como “falsos, porque dicen que nuestras tierras están ocupadas por 200 familias desde hace dos años y estas personas, que son muchas menos, están desde hace tres meses”.

El intendente de La Plata, Julio Garro, se sumó al debate pidiendo “celeridad” a la Justicia: “no podemos ordenar un desalojo luego de dos meses; en estas ocupaciones amparadas por sectores- de la política, hay que resolver dentro de las 72 horas”.