MADRID.- El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió ayer aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, como le requirió el Ejecutivo español, que lo emplazó a volver a la legalidad antes de este jueves, o en caso contrario tomará medidas.
El 10 de octubre Puigdemont compareció en el Parlamento regional, donde dijo “asumir” los resultados del referéndum soberanista ilegal del 1 de octubre, en el que con una participación en torno al 43% algo más de dos millones de catalanes apostaron por separarse de España.
Esa confusa declaración llevó al Gobierno español que preside Mariano Rajoy a requerir formalmente al líder catalán que aclarase si realmente declaró la independencia o no, algo que Puigdemont no hizo ayer, fecha del primer plazo, en una misiva enviada al Gabinete.
En su carta Puigdemont evita pronunciarse sobre ese tema y pide al Gobierno central “dos meses” para dialogar y negociar una salida política a lo que considera un contencioso entre Cataluña y el Estado.
“No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina ‘conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña”, respondió Rajoy, también por carta.
“Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática”, añadió.
Por su parte, Puigdemont remarcó que los efectos del referendo están “suspendidos” porque su “voluntad” es “encontrar la solución y no el enfrentamiento”.
La indefinición del presidente catalán no satisfizo al Gobierno español que, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió dar una respuesta “clara” antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar “con la incertidumbre” de los ciudadanos.
Si no hay respuesta convincente, el gobierno central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le permite intervenir la región.
PRISION A SEPARATISTAS
También ayer, la jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela envió a prisión sin fianza a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición, acusados de “promover” el 20 de septiembre el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) estuvieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos del referendo separatista.
Sin embargo, la magistrada dejó en libertad al jefe de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, acusado también de un delito de sedición, aunque le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.
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